En condiciones normales, mantener la paz en las relaciones internacionales exige atenerse al principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Sin embargo, cuando el gobierno de un país determinado constituye una amenaza objetiva y permanente para la paz, cesan los motivos que impulsan a la comunidad internacional y a sus líderes a respetar a ese gobierno, máxime cuando se trata de un gobierno no democrático. Habría sido absurdo que, tras ganar la Segunda Guerra Mundial, los aliados hubieran dejado a Hitler en el poder, limitándose a restaurar las fronteras e imponer indemnizaciones de guerra a Alemania; pues era evidente que, a la menor ocasión, Hitler habría intentado rearmarse para continuar con sus planes de agresión, conquista y genocidio. Igualmente, tampoco habría tenido sentido mantener a Slobodan Milosevic al frente de Yugoslavia o dejar que los talibanes siguieran ejerciendo el poder en Afganistán después de que las bases de Al Qaeda fueron destruidas.
Pero por desgracia, esto es precisamente lo que sucedió en la Guerra del Golfo. El padre de George W. Bush y la comunidad internacional, ateniéndose al mandato de Naciones Unidas, se limitaron a restaurar la independencia de Kuwait y a imponer sanciones a Irak. Once años después, y a pesar de las sanciones, la dictadura nazi-fascista de Sadam Husein se ha rearmado, sigue siendo una amenaza para la paz en Oriente Medio –jamás ha ocultado sus intenciones respecto de Israel– y se ha convertido en uno de los principales patrones del terrorismo internacional.
Quienes se oponen por principio a toda guerra preventiva deberían tener en cuenta que, en el caso de Irak, a la coalición internacional le asistía el derecho a deponer a Sadam Husein tras la Guerra del Golfo, estableciendo un gobierno democrático que ofreciera unas mínimas garantías de respeto a la paz, al derecho internacional y a los derechos humanos. Por desgracia, el principio de no injerencia, elevado a categoría de absoluto por parte de la ONU y de la progresía internacional impidió lo que hubiera sido el desenlace lógico de la Guerra del Golfo: el derrocamiento del régimen iraquí y el posterior juicio de sus miembros.
George W. Bush no quiere cometer de nuevo el mismo error y se prepara para ocupar Irak durante al menos 18 meses, con el objeto de instaurar un régimen democrático, de reconstruir el país, de garantizar la paz en la región y de juzgar a los máximos responsables del actual régimen. Aunque queda por conocer el informe de los inspectores de armamento de la ONU –que se hará público el próximo día 27– las declaraciones de Sadam, que los acusa de espionaje, y los insultos que dedicó a Bush el lunes, no hacen sino confirmar las sospechas de que el dictador iraquí esconde armas de destrucción masiva.
Después del 11-S, la comunidad internacional no puede permitirse seguir con el juego del gato y el ratón en que se ha convertido la vigilancia del régimen iraquí. Sadam Husein ha dado sobradas pruebas de su falta de voluntad para convivir pacíficamente con sus vecinos y dejar de apoyar a las organizaciones terroristas que masacran inocentes en Israel y en el resto del mundo. Sólo los ingenuos o los imbuidos de mala fe pueden reprochar a EEUU que intente acabar con un factor de inestabilidad internacional con la excusa del petróleo o aduciendo que existen países más peligrosos y con regímenes mucho más terribles que Irak, como Corea del Norte. Pero, aparte de que no parece sensato que individuos como Sadam Husein controlen la tercera reserva de petróleo del mundo, muchos olvidan que Corea del Norte posee, con toda probabilidad, armas nucleares que apuntan a Corea del Sur y a Japón. No parece sensato, pues, empezar por poner en peligro una de las zonas más pobladas del planeta para que Sadam, mientras todo el mundo mira hacia otro lado, complete su programa de armas de destrucción masiva.
En definitiva, se trata de empezar por lo más sencillo y factible; es decir, por un Irak sin Sadam. Después habrá tiempo para ocuparse de Corea del Norte.

Un Irak sin Sadam

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