El Gobierno dio luz verde el viernes a su anunciada reforma del Código Penal. Ciento setenta y cinco artículos del llamado “Código Penal de la democracia” serán modificados para dar cabida al castigo de la reincidencia en las conductas delictivas –cuatro faltas serán consideradas como delito con pena de prisión–, a la lucha contra la violencia familiar –la falta en el ámbito doméstico tendrá la consideración de delito–, a un tratamiento más severo de los delitos de narcotráfico y a la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales que delincan. Asimismo, se definirán 14 nuevos delitos como el maltrato de animales, la violencia en el deporte y la sustracción de teléfonos móviles; y otros verán ampliada su tipificación, como la pornografía infantil, el acoso sexual o el tráfico de seres humanos.
La regulación de las penas también sufrirá modificaciones. Los delitos graves se castigarán con penas de cinco o más años, y los menos graves entre tres meses y cinco años –frente a los tres años actuales–, y se sustituirán los arrestos de fin de semana por penas privativas de libertad de corta duración, multas o trabajos en beneficio de la comunidad.
Todo esto, unido al endurecimiento de las penas para los delitos de terrorismo, completa una profunda y necesaria reforma del Código Penal de Belloch, que el ministro de Justicia, José María Michavila, ha calificado como el Código Penal “de la seguridad”, queriendo subrayar así la naturaleza de esta reforma que, en sus propias palabras, pretende ser “una pieza básica de nuestra seguridad para poder andar tranquilamente por las calles con un bolso o con un móvil, sin que te lo roben, y para poder acabar con la violencia doméstica”.
Es evidente que la inmensa mayoría de los ciudadanos apoya la iniciativa del Gobierno, y prueba de ello es que fue precisamente el PSOE quien el pasado año atacaba al Gobierno por el punto más débil de su gestión, el incremento de la inseguridad ciudadana. Aunque la causa principal de ese deterioro en materia de seguridad no era tanto la escasez de efectivos policiales –como señalaba Zapatero, hoy más preocupado, a instancias de Prisa, por cómo oponerse a unas medidas que se deducen del sentido común y que tienden a solucionar el problema que él, con todo acierto, denunciaba– sino más bien los defectos y las lagunas del Código Penal “de la democracia” aprobado por los socialistas, el cual ha hecho posible fenómenos como el de la práctica impunidad de la multirreincidencia en el delito.
La reforma planteada por el Gobierno pone, sin duda, las bases necesarias para atajar las negativas consecuencias que para la seguridad ciudadana tiene la excesiva benignidad en el castigo de los delitos. Sin embargo, no hay que olvidar que han de ser los jueces quienes apliquen la Ley. Y, por desgracia, cada vez son más frecuentes los casos de jueces cuyas decisiones compiten en escándalo con las fechorías de los delincuentes. Sin perder de vista a Ruth Alonso ni a los jueces que pusieron en libertad al “narco volador”, casos como el reciente del juez de vigilancia penitenciaria que propuso poner en libertad al “asesino de la ballesta” –aun a pesar de haber intentado fugarse tres veces–; la libertad sin fianza de los responsables de la estafa inmobiliaria de CPV; la concesión, por parte de un juez de Barcelona, de la custodia de sus hijos a un padre denunciado por abusar sexualmente de ellos; la puesta en libertad por dos veces de un agente de la Guardia Civil acusado de allanamiento, violación y secuestro por parte del juez de Mollet del Vallés o el del juez canario que obligó a una mujer a vivir con su marido maltratador quien, además, había abusado sexualmente de sus hijos son sólo algunos ejemplos de lo poco que sirve afinar en las leyes si hay jueces que interpretan la libertad de enjuiciamiento e interpretación de la Ley como una mera discrecionalidad al servicio sus convicciones personales en materia penal.
Por ello, a las reformas aprobadas por el Gobierno, habría de añadirse una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que incluyera la posibilidad de sancionar a los jueces que empleen su independencia en dictar sentencias y decisiones disparatadas; así como también establecer mecanismos de elección para los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial que no dependan directamente de la aritmética parlamentaria y de la filiación política de los candidatos. Y a tal fin, sería muy deseable que PP y PSOE inauguraran de una vez el famoso e inédito Pacto por la Justicia.
Código Penal: ahora les toca a los jueces
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