Espionaje infame

En plena carrera hacia la secesión, los nacionalistas vascos no reparan en medios, maniobras ni añagazas para coaccionar o eliminar de la escena política a la oposición no nacionalista. El martes tuvo lugar el inicio del trámite parlamentario de la reforma de la ley que regula las elecciones a las Juntas Generales de las tres provincias vascas. La propuesta de PNV-EA es que los pueblos tengan más peso electoral que las ciudades; es decir, que las zonas rurales, donde el voto nacionalista supera al no nacionalista gracias al terror y a la dictadura de las pistolas, decidan la composición de las Juntas, especialmente la de Álava, que aún no está bajo su control. Para esta iniciativa tan “democrática”, dada la oposición de PP, PSE e incluso IU, PNV-EA tendrá que “comprar” el voto de los diputados de la suspendida “Batasuna”. Aun a pesar de que el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, aseguró tras conocerse la reunión secreta que mantuvieron Ibarretxe y Otegi el pasado miércoles que “no caben acuerdos legislativos con Batasuna” mientras no condene la violencia, lo cierto es que el brazo político de ETA a través de su portavoz en Vitoria, José Enrique Bert, da por hecho que existirá ese acuerdo, pues advierte de que Batasuna “no va a vender sus votos a precio de saldo”.

Pero tan grave o más que esa reforma de la ley electoral para que el voto nacionalista valga por dos –con la ayuda de Batasuna– es la fundada sospecha de que el PNV podría estar espiando a la oposición no nacionalista a través de sus escoltas. Porque a la felonía de emplear el poder del cargo público para obtener información sobre la vida privada de los adversarios políticos se uniría la circunstancia de que los encargados de proporcionarla son precisamente quienes tienen que velar por la seguridad de aquellos cuya vida está amenazada por los amigos de Otegi. Es decir, el Gobierno Vasco y concretamente Javier Balza, el consejero de Interior, estaría aprovechándose de la terrible situación que viven los amenazados por ETA para obtener so capa de legalidad una información que, de otro modo, no podría conseguir sin violar abiertamente la ley.

Ya han sido despedidos diez guardaespaldas en Navarra y otros cinco en el País Vasco por negarse a facilitar a Javier Balza el nombre de las personas con las que cenan los protegidos, los restaurantes que frecuentan o la identidad de quienes los visitan los fines de semana –algo que, por cierto, también se exige a la policía autónoma vasca. Como señala Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, “estos controles sobre la intimidad son impresentables e incomprensibles” y vulneran la Ley de Seguridad Privada, que impide revelar detalles de la vida privada de los protegidos más allá de los horarios y de las novedades importantes.

La comunidad de objetivos entre ETA-Batasuna y el PNV-EA, la habitualidad de sus contactos y la posibilidad –no sería nada nuevo– de que la consejería de Interior y la policía autónoma vasca estén infiltradas por miembros o simpatizantes de ETA añaden aún más motivos de preocupación ante el interés de Javier Balza por averiguar, en contra de la voluntad y la opinión de los profesionales, detalles de la vida privada de sus adversarios políticos que no le conciernen en absoluto pero que sí podrían servir, en las manos inadecuadas, para intensificar el terror y el chantaje al que se ven sometidos quienes no quieren comulgar con el nacionalismo obligatorio.

Esperemos que Balza, cuya comparecencia en el Parlamento Vasco ha solicitado Carlos Urquijo, diputado del PP, pueda explicar de forma convincente su inusitada curiosidad por la vida privada de aquellos a quienes debe proteger en razón de su cargo y por qué ha decidido despedir a quienes se han negado a satisfacerla. La verdad es que lo tiene difícil.

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