El restablecimiento del uniforme escolar en los centros públicos de enseñanza media tiene valor de síntoma del desarraigo en el cual zozobra la sociedad francesa en este extraño inicio del siglo XXI.
El uniforme fue un arma clave en la democratización global del sistema escolar francés en la segunda mitad del siglo XIX. Estaba en juego entonces la clave sobre la cual se fundaría el modelo social y político que ha subyacido a todos los avatares del último siglo y medio en Francia. Se trataba de construir lo que se daría en llamar una aristocracia de la inteligencia como línea medular de la República. El proyecto exigía dos condiciones: la selección rigidísima de los alumnos más competentes, a través de un implacable sistema de controles y exámenes, y la desaparición, en el interior de los centros de enseñanza estatal, de cualquier signo que operara como barrera o privilegio. Signos religiosos, por supuesto, ya que la enseñanza era función de un Estado rigurosamente aconfesional. Pero también otro tipo de signos: los que sellaban sobre el cuerpo de los alumnos los diversos grados de precariedad u opulencia de sus respectivas familias. El uniforme jugó entonces un papel que sería absurdo minusvalorar: el de invisibilizar –en el recinto amurallado que trataba de ser la escuela– desigualdades sociales que operasen como garantía de privilegios. En la segunda mitad del siglo XX se extinguió, de modo casi espontáneo, junto a la vieja sociedad a la que había combatido.
El debate sobre el restablecimiento del uniforme escolar en Francia está hoy, sin embargo, lejos de ser anacrónico. Y el último episodio de los conflictos provocados por el chador musulmán no ha hecho sino volcar más a la opinión pública a reconsiderar lo que, hace sólo diez años hubiera movido apenas a sonrisa. Ha sido en el Liceo de Aubervilliers, antaño epicentro de la izquierda obrera francesa. Y, si ha alcanzado una resonancia muy superior a los anteriores, es porque en él se condensan las insuficiencias y paradojas de la actual situación legal en los centros de enseñanza media. Porque, de entrada, la dirección del Liceo de Aubervilliers había apostado por la salida más tolerante, dentro de esa indefinición en que el ministerio ha dejado el uso del chador islámico en los laicos centros públicos, y que se sintetiza en la fórmula: permitir lo que no sea ostentación. En Aubervilliers, a diferencia de lo que sucede en otros centros, las alumnas musulmanas gozaban del privilegio –más que dudosamente constitucional– de asistir a clase con el litúrgico pañuelo en la cabeza. Con la sola condición de que el pañuelo fuera tal y no enmascarara totalmente orejas y cuello de alumnas. Cuando las dos hermanas, recién convertidas al Islam y paradójicamente provinientes de una familia laica y de tradición comunista, se presentaron en clase completamente tapadas, la dirección les comunicó los términos del compromiso. Las alumnas se negaron a ceder un milímetro: llevarían el velo que se les antojase, la dirección no era quien para dictar autoridad coránica. Provocaron entonces lo que, finalmente, culminó la semana pasada, sencillamente porque no existía opción legal para que no sucediera: el Consejo Escolar dictó su expulsión del liceo, desencadenando lo que, sin duda, era buscado desde el primero momento, un pulso final entre islamistas y Estado francés.
El caso Aubervilliers pone fin a los ensueños que pretendieran solventar mediante “buena voluntad” la incompatible simultaneidad de un Estado moderno y una superstición medieval. A partir de ahí, sólo quedan dos opciones: o aceptar la islamización de la escuela –y el fin consiguiente de la enseñanza laica republicana– o vetar legal e inequívocamente la exhibición de cualquier signo de identificación religiosa, sea cual sea su tamaño. Y retomar, bajo sus formas clásicas, el criterio republicano de la uniformidad escolar. Francia se despierta con una dura resaca. La de constatar cómo, al cabo de siglo y medio, hay que volver al inicio. La vestimenta de los adolescentes no sella hoy –o, al menos, no tanto como hace cien años– abismáticas diferencias económicas. Sella algo peor: creencias religiosas que vetan derechos ciudadanos irrenunciables: el de la igualdad legal de hombres y mujeres, el primero. No es agradable reconocer que hemos retornado a riesgos que queríamos creer extintos. No es agradable que el uniforme vuelva a ser garantía de la igualdad dentro de los muros de la enseñanza pública. Pero entre el uniforme y el signo vestimentario que dice la esencial privación de derecho de la mujer que lo porta, ningún Estado civilizado tiene demasiada opción.
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