A la trágala, y sin el cacareado diálogo y consenso social, el gobierno de ZP ha sometido a votación, en una sola jornada parlamentaria, nada menos que cuatro proyectos con clara contestación social como son el “matrimonio” homosexual, la derogación del Plan Hidrológico Nacional, la despenalización de los referendos ilegales y la nueva ley del divorcio.
Arropado por una campaña anticlerical sin precedentes en la historia de nuestra democracia, el gobierno de ZP ha hecho caso omiso al histórico comunicado conjunto por el que, católicos, judíos, ortodoxos y protestantes, le han solicitado la modificación del proyecto de ley del “matrimonio” homosexual; por no hablar de la oposición en frentes tan diversos, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia Española o el Foro de la Familia, que ha registrado en la Junta Electoral nada menos que medio millón de firmas en su contra.
Otro tanto podría decirse de la derogación del trasvase del Ebro, que echa por tierra el Plan Hidrológico Nacional. Pocos proyectos de infraestructura tan necesarios, tan vertebradores y con tanto apoyo de los sectores afectados, como el PHN. Al Gobierno de Zapatero le ha bastado, sin embargo, el chantaje de los separatistas y la aversión al PP, para tirar por tierra un proyecto que ya contaba con fondos europeos para su ejecución y que ahora deja paralizados cientos de proyectos en la España seca con tal de contentar a los socios nacionalistas del PSOE.
Aunque el divorcio civil requería, ciertamente, determinados cambios legislativos y procesales, el Gobierno lo ha desbaratado, en buena parte, con introducciones tan absurdas y orwellianas como establecer por ley un reparto de los deberes conyugales en el seno del hogar.
Mucho más grave, sin embargo, es la impunidad para la convocatoria de referendos ilegales, en un momento en que nuestro país vive la mayor tensión secesionista de su democracia. Se trata de una señal equivocada –una más- para todos aquellos que, como Ibarretxe, están dispuestos a dar ese paso ilegal en contra del más claro y evidente principio de soberanía nacional.
Pero en fin. En esta política de desguace nacional, el gobierno del 14-M todavía tiene la desfachatez de hablar de talante y de su programa electoral.
