La tentación del despotismo
En un Estado de libertades individuales, son los tribunales de justicia, y no los Gobiernos y sus agencias, lo que interpretan los limites de la libertad de prensa.
La creación de una Policía de Prensa en Cataluña y su inmediata emulación por el Gobierno de España indican que suprimir libertades se ha convertido en un objetivo concreto y prioritario compartido por el presidente y sus aliados nacionalistas. Ya no se trata de un "mito" sembrado por la Oposición, como sostiene la propaganda oficial. Tras la denuncia del Comité Mundial de Libertad de Prensa contra la naturaleza censora del Comité Audiovisual de Cataluña, España vuelve a estar bajo el foco global por la situación excepcional de la libertad personal en nuestro país. Treinta años después de la muerte del dictador Franco, pensábamos que no volvería a vinculársenos al club infame de los estados censores.
Nos habíamos hecho a la idea de que en España se puede pensar, informar y opinar libremente, sin más límite que el derecho a la dignidad, la intimidad y la reputación personal, regulado por la Constitución y las leyes, y arbitrado por los Tribunales de Justicia. Sin embargo, la obsesiva campaña del Gobierno y sus socios contra la COPE y El Mundo, confirma el error histórico de dar por sentada la libertad personal cuando gobierna cierta tradición de la izquierda española, que hoy encarna José Luis Rodríguez Zapatero y se caracteriza por su instinto de exclusión, su aversión al conocimiento y su caudillismo revolucionario. Galdós se espanta de esta españolísima tradición anti-liberal, al contemplar, a través de los ojos de Gabriel Araceli, el motín contra Godoy: "Entre nosotros es muy común el intento de arreglar las más difíciles cuestiones mandando vivir o morir a quien se nos antoja". Y en una Tercera de ABC publicada en 1984 y oportunamente rescatada con ocasión de su reciente óbito, Julián Marías advierte sobre este riesgo de involución de la libertad, siempre tentador para los caudillos de todos los partidos y colores políticos que en España han sido. Lo refiere a la experiencia de los dos primeros años del mandato de Felipe González, pero leído veinte años después, bajo el imperio de otro gobernante socialista, su tesis no pierde un ápice de frescura y actualidad.
Hoy vemos que la iniciativa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de pedir amparo a los organismos internacionales sobre la situación de la libertad en España no es ninguna extravagancia.
El Comité Mundial de Libertad de Prensa, que reúne a 45 grupos defensores de la libertad de información de todo el mundo, ha tomado cartas ante los plenos poderes que el Parlamento de Cataluña otorga al Consejo Audiovisual para decidir qué es verdad, y qué no, en los contenidos de los medios de comunicación. Constituía una grave anomalía democrática que ministros del Gobierno acosen a una cadena de radio que critica sus políticas, descalifiquen públicamente a sus periodistas y viajen incluso a la Santa Sede para pedir que imponga un cambio de línea informativa a sus profesionales. Ya fue un síntoma preocupante que el Congreso de los Diputados diera cobijo a quienes han acosado la sede de esa cadena de radio e insultado a los casi 700.000 españoles que se han adherido a la iniciativa del eurodiputado Luis Herrero para pedir que el Parlamento Europeo se interese por la campaña gubernamental contra un medio de comunicación, un hecho insólito en la Unión Europea y en el mundo libre, según ha señalado el Comité Mundial de Libertad de Prensa. Pero si todo ello era anómalo y preocupante, la nueva Ley del Consejo Audiovisual de Cataluña y el proyecto que le da réplica en el Gobierno de la Nación, suponen la formalización legal de la censura y la rehabilitación de los métodos de la Policía de Prensa instituida por el régimen franquista. Así, sin ambages, llamando a las cosas por su nombre, lo ha recordado el Comité Mundial de Libertad de Prensa en una dura declaración, que abochorna a los españoles que queremos vivir en democracia. En un Estado de libertades individuales, son los tribunales de justicia, y no los Gobiernos y sus agencias, lo que interpretan los limites de la libertad de prensa. Son los jueces, y no empleados del gobierno de turno, quienes deciden si una información ha rebasado el límite marcado, en nuestro ordenamiento jurídico, por el derecho al honor y la intimidad de una persona.
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