Inmigración ilegal y evasión de responsabilidades

El último cayuco interceptado en Canarias –al menos, el último al cierre de esta edición– llegaba al puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife, con 98 inmigrantes ilegales a bordo, 10 de ellos menores de edad. Sólo desde la madrugada del lunes siete embarcaciones han llegado a las cotas canarias con 562 indocumentados; una cifra que se eleva a más de un millar, en concreto 1.350, sólo en los últimos cinco días.

Ante esta crecida avalancha de ilegales –sin olvidar a los que han perdido la vida en el intento–, los llamamientos de López Aguilar para que se hable "lo justo" de este problema, cuya gravedad, según él, sólo es tal para los "alarmistas" del PP, hacen la situación doblemente alarmante.

Que los socialistas muestren insensibilidad o traten de ocultar un drama que ellos mismos han contribuido a generar con su irresponsable política de regulación masiva no es la mejor vía para ganar la confianza a la hora de atajarlo. Más aun si, junto a la estéril y cándida política exterior de Moratinos, tenemos también presentes los recientes y justificados reproches que el Gobierno canario ha dirigido al Gobierno central, referidos a la lentitud con la que ha enviado los barcos de vigilancia requeridos o la falta de recursos y alojamientos que son de competencia estatal.

Claro que, desde Coalición Canaria, se pierde buena parte de legitimidad a la hora de endosar responsabilidades al Gobierno de Zapatero, si tenemos en cuenta su pretérito y entusiasta respaldo al irresponsable "papeles para todos" del ministro Caldera. Y eso, a pesar de las reiteradas advertencias que, en contra de esa miope y demagógica política, les dirigió, no sólo el PP, sino, sobre todo, numerosos gobiernos de la Unión Europea. Aquellos fundados pronósticos, que ya son una dramática realidad, también fueron entonces desdeñados como "alarmistas". Tanto por el PSOE como por Coalición Canaria.