Partidos políticos, grupos sociales y personas por su cuenta y riesgo deben tener total libertad para contratar propaganda en los medios de comunicación, siempre y cuando cada cual lo haga con su dinero y con total transparencia, no con el dinero de los contribuyentes.
Una reforma electoral en un país democrático y libre no puede restringir la libertad de cada cual para difundir mensajes de contenido político, incluso aunque sean poco comedidos o contundentes –"Fulano es un peligro para México" o "Zutano es un tonto con balcones a la calle"–, siempre y cuando la contratación de dicha propaganda se haga en condiciones de libre mercado y auténtica competencia, con total transparencia y sin recurrir al dinero público, que proviene del bolsillo de los contribuyentes.
Una reforma electoral en un país democrático y libre no puede coartar la libertad de expresión de nadie decretando discrecionalmente qué mensajes son correctos a juicio de algún pacato consejo de notables. Un país democrático y libre tiene leyes claras sobre la difamación y la calumnia –incluso se suele castigar esta última penalmente– que están hechas, precisamente, para que todo mensaje que no sea calumnia, difamación o incitación al delito jamás sea censurado.
La discusión sobre la reforma electoral en México está totalmente fuera de foco y lastrada por intereses torpes. Ni los medios tienen derecho a ser beneficiarios graciosos de miles de millones de pesos de recursos públicos –por propaganda política o gubernamental pagada con recursos de los contribuyentes–, ni los partidos políticos ni nadie tiene derecho a regular la libertad de expresión de los demás.
Ninguno de los grupos interesados –enfrascados en una disputa majadera y mezquina– quiere ver la auténtica relación entre reforma fiscal y reforma electoral, que sí la hay y nada tiene que ver con chantajes. El recorte más urgente al gasto público federal, al de los estados y al de los municipios es cancelar de inmediato toda la propaganda política, gubernamental y para-gubernamental que se paga con recursos de los contribuyentes. Y preservar con todo vigor la libertad irrestricta de quién quiera para expresar y difundir lo que le venga en gana, con la única limitación de sancionar de verdad la calumnia, la difamación y la promoción de delitos.
Lo demás son discusiones vergonzosas, indignas de un país democrático y libre.