El silenciado fracaso contra la violencia doméstica

Esperemos que 2008 no se cierre, por tercer año consecutivo, con un incremento del número de mujeres asesinadas en el ámbito doméstico. Nada, sin embargo, apunta a un cambio de tendencia. Sólo en la jornada de ayer fueron asesinadas cuatro mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en Madrid, Cullera, El Puerto de Santa María y Valladolid, que se suman a las 11 víctimas mortales que ya se llevan contabilizadas en lo poco que va de año.

Lo cierto es que, a pesar de la engañosa actividad propagandística socialista, la lucha contra la violencia domestica es uno de los fracasos más clamorosos y, al tiempo, silenciados del Gobierno de Zapatero. La tan cacareada Ley Integral contra la Violencia de Género no sólo ha resultado discriminatoria y de dudosa constitucionalidad, sino ineficaz respecto al objetivo perseguido.

Desde estas páginas ya criticamos en su día la barbaridad jurídica que suponía penalizar el maltrato doméstico sólo cuando el agresor es un hombre y sólo cuando la víctima es una mujer. La discriminación hacia el hombre, en general, y hacia las parejas homosexuales en particular era evidente. El Gobierno, sin embargo, no sólo no admitió una sola de las enmiendas planteadas por el PP, sino que hizo caso omiso a las consideraciones de órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, ante un proyecto legislativo que, además de discriminatorio, era insuficiente en las medidas protectoras, carecía de la financiación necesaria e ignoraba unas normas autonómicas que ofrecían el riesgo de solapamiento e interferencias entre administraciones.

Si asociaciones como Mujeres para la Democracia ya se opusieron desde el primer momento contra esta propagandística y mal planteada reforma legislativa, una asociación nada sospechosa de animadversión ante este proyecto, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis, acaba de dejar en evidencia su ineficacia al denunciar que el 70% de las mujeres asesinadas por sus parejas en 2007 no habían denunciado su situación de malos tratos antes del crimen, lo que supone, más que un "fracaso del Estado de Derecho", un fracaso de la política de un Gobierno al que sólo le preocupa la propaganda.