Apología del bipartidismo

Una de las penas del 9-M es que el PSOE no ganara por mayoría absoluta. Puede parecer liberal-masoquismo, pero se trata sólo de sentido de estado. A efectos de gobierno, la estabilidad y coherencia del Ejecutivo sería mayor, así como la correspondencia entre el mandato de los electores y la política desarrollada, y, por ende, la responsabilidad exigible. Desde el punto de vista de la oposición, su labor sería mucho más directa, sin silencios para no molestar a terceros, y con la oportunidad de presentar una auténtica alternativa.

La posibilidad de que el nuevo Gobierno de Zapatero busque el auxilio parlamentario de los nacionalistas introduce demasiados elementos de incertidumbre, dando la impresión, bien cierta, de que el poder está en quien no ha confiado la mayoría del electorado. Los votantes del PSOE hoy sólo saben una cosa, que no gobernará el PP, pero poco más. Y la inquietud va más allá del nombre de los nuevos ministros, una cuestión que al elector socialista le es indiferente.

Hay quien cree que nuestro régimen sería más democrático si se instituyera el sistema de listas abiertas. Pero no hay tópico más común ni falto de conocimiento. No sólo casi no se utiliza donde está establecido, sino que requiere el conocimiento de la vida y obra de varias decenas de políticos. Esto, lógicamente, lo hace imposible. Para hacerse una idea basta con preguntar en la calle por el nombre de los responsables de varios ministerios. Más razonable sería, por tanto, el sistema de primarias dentro de los partidos, al estilo norteamericano, que funcionaría como un filtro previo.

Lo urgente es, sin embargo, el cambio en la ley electoral, al menos en lo que respecta al Congreso de los Diputados, para reforzar la proporcionalidad y el bipartidismo. Los motivos son perfectamente democráticos y constitucionales, sin que esté con ello en juego la pluralidad del país.

Primero, la representación debe ser nacional, no provincial, pues la cámara territorial es otra, el Senado. Esto consolidaría la política nacida del Parlamento como proyecto nacional, pues la soberanía reside en la nación, no en las provincias.

Segundo, se debe garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos, y que el peso de su voto no dependa de su ubicación territorial. Con esto los partidos tendrían su reflejo justo en el Congreso. Basta con imaginar que el PP de Madrid fuera un partido nacionalista madrileño: tendría el control del gobierno de España.

Tercero, la democracia española debe volver a ser el sistema que refleja el mandato de la mayoría con respeto a la minoría, y no al revés como viene sucediendo.

Y cuarto (al menos), es preciso que en un Estado tan descentralizado como el nuestro las instituciones comunes sean sólidas y estables, no condicionando su vida ni su política a pactos de gobierno en las autonomías.

Pero en esta democracia nuestra toda ley es cuestionable y reformable menos la electoral. Siempre se habla de ello, pero nadie presenta un proyecto para su mejora. En fin. ¿Cómo era eso de las peras y el olmo?