Esteban González Pons se ufana en Popular Televisión de que en la Comunidad Valenciana las llamadas "mujeres embarazadas en peligro de exclusión", es decir, las que alegan sufrir circunstancias que les pueden llevar a abortar, recibirán un sueldo mensual de 600 euros. El resto de los invitados (Foro de la Familia, Hazte Oír) celebra la buena nueva y sugiere medidas adicionales. Entre otras, discriminación positiva a favor de esas madres potenciales en el empleo y el acceso a los distintos servicios proporcionados por el Estado de bienestar. También piden la extensión del salario embarazo a otras Comunidades Autónomas.
El pasado fin de semana El País informaba de la entrega por parte de la Comunidad de Madrid de un millón de euros de dinero del público a un grupo católico pro-vida. Esta subvención no gusta a los de Prisa, aunque a algunos el acontecimiento les parece digno de alabanza y super liberal. A otros, el entusiasmo neo-liberaloide por la moralina a cargo del presupuesto les causa risa.
El fomento por parte de la derecha, convenientemente presionada por grupos de presión confesionales, de las welfare queens, profesionales de la caridad pública que usan sus vientres como si fueran cajas registradora, es una pésima noticia para los militantes anti-abortistas. Hasta la fecha, esa política, consistentes en asegurar a cada madre un salario de subsistencia, descuentos en alimentación y una vivienda, se ha saldado con fracasos estrepitosos. En los años noventa, el Partido Republicano apoyó la reforma del sistema iniciada por el presidente Clinton. También en Gran Bretaña y en Escandinavia los estados han reducido estos subsidios, ideados para combatir la pobreza, no el aborto, y cuyo efecto sobre las interrupciones voluntarias de embarazos es nulo.
Vender esa política atroz como un arma contra el aborto es absurdo, una auténtica barbaridad que prueba la indigencia intelectual o la hipocresía de quienes la defienden. Lo que sí han provocado esas medidas es un aumento de las relaciones sin protección, elevando así la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y la proporción de ciudadanos dependientes del Estado, por no mencionar la irresponsabilidad y la quiebra de la llamada "familia tradicional", que es paradójicamente lo que muchos antiabortistas dicen defender.
Las presiones para que la Comunidad de Madrid haga lo mismo que la valenciana son tremendas. De no ser así, algunos amenazan con aconsejar a sus seguidores la abstención o incluso el voto a UPyD, que en asuntos como el aborto mantiene una posición similar a la del PSOE. Otra contradicción que confirma la impostura de los dirigentes del movimiento pro-vida, quienes por lo general no dijeron esta boca es mía en los ocho años de Gobierno de Aznar.
Me pregunto si el aborto no estará siendo usado como una excusa para aumentar el poder y la influencia de determinados grupos de interés. Dados los efectos perversos y contraproducentes de las iniciativas que defienden, me resulta difícil creer que la vida de los no nacidos les importe más que su cuenta corriente.
Nadie puede acusar al lobby abortista de mentir. Quieren aborto libre sin límite de edad ni de estado de embarazo como elemento imprescindible de la emancipación femenina. Al mismo tiempo, las feministas de izquierdas rechazan el capitalismo, un sistema que a través de los fondos de inversión y los seguros afianzaría la independencia económica de las mujeres, y claman contra los implantes de silicona y en general todo lo que huela a cosmética, una tecnología que posibilita a muchas ser las auténticas dueñas de sus cuerpos. Pero al menos en asuntos fetales han demostrado una coherencia de la que carecen los portavoces oficiales del bando contrario.
¿Es posible disminuir los abortos sin recurrir a los mecanismos de un Estado policial o a experimentos fracasados de ingeniería social? ¿Se puede luchar por lo que uno piensa sin pedir a los políticos que financien chiringuitos inservibles? A veces el movimiento pro-vida español parece una broma de mal gusto. Muchas personas de buena voluntad están gastando tiempo y dinero creyendo que sus esfuerzos sirven para algo.
Persuadir a las más jóvenes de que un embarazo no deseado es evitable de forma fácil y barata no es algo sencillo. La ignorancia y el machismo que se esconden bajo tantas minifaldas no se combaten exigiendo a Espe un local, sueldos para liberados y miles de millones de pesetas en limosnas. Tampoco con las ocurrencias de Bernat Soria. Sobran oportunistas y falta inteligencia.