El tabaco es algo por lo que mucha gente está dispuesta a morir. Y por tanto a pelear por ello. Es malo, sí. Es un vicio por completo destructivo, sin más ventaja que la simple tranquilidad de haber eliminado por unos minutos el síndrome de abstinencia. Pero cada cual hace bien en elegir los riesgos que quiere correr en su vida.
El debate acerca del tabaquismo es tan interesante como complejo. Es de esas polémicas en las que para defender la libertad, cosa que debería ser siempre obligada, hay que moverse en un estrecho margen. Y es fácil caer a un lado o a otro arrastrado por la corriente de la opinión pública. Hay que administrar dos ideas que pueden entrar en conflicto. Al mismo tiempo es necesario garantizar que los que quieran fumar puedan hacerlo, y que los que no quieran no tengan que soportarlo. El mismo valor tiene la libertad del fumador, como la del que quiere respirar libre de humos.
El Gobierno tiene en el disparadero una ley contra el tabaco que endurece la anterior. Fumar estará prohibido en bares y restaurantes, según la ministra de Sanidad. Y en cualquier lugar público cerrado, en el sentido más laxo del término "público". Pues los bares y restaurantes son lugares de propiedad estrictamente privada. El sector de la hostelería ha recibido la noticia con un gran rechazo, pues las intenciones del Gobierno no tienen límite en lo que respecta a la intromisión en la vida privada y en la forma de llevar un negocio. Y yo estoy con ellos. El dueño de cada bar y de cada restaurante debería decidir si quiere un local para fumadores o libre de humos, pues para eso son suyos. Lo único imprescindible es que se le dé al cliente la información, y que se cumpla lo establecido. Por fortuna no existe ningún problema empresarial por ello, ya que hay suficiente demanda tanto de fumadores empedernidos como de personas que quieren evitar a toda costa ambientes cargados de alquitrán.
En el anuncio de esta ley hay algo aún peor, que no sólo perjudica a los pequeños empresarios de la hostelería, sino a toda la economía del país. Cuando en 2005 se aprobó la ley contra el tabaco que está en vigor, se obligó a muchos locales a acometer obras para cumplir la nueva normativa. Ahora, poco tiempo después, la prohibición total de fumar en bares y restaurantes transforma ese gasto en una pérdida económica caprichosa. No hay ningún motivo para haber cambiado la ley dos veces. Si el Gobierno quería esta ley, debería haberla propuesto desde el principio, y no por tramos que no responden a ningún criterio.
Esta muestra de inseguridad jurídica no sólo afecta a quien se le quita el dinero mediante la obligación de hacer una obra que ahora es inútil, sino que provoca un efecto rechazo a cualquier empresario que esté pensando en establecer su negocio en España. Si no existe un marco normativo estable no hay manera de hacer una planificación fiable, y por tanto puede que lo mejor sea buscar otro sitio donde invertir el dinero. Tal vez a corto plazo desaparezca el humo. Pero si las cosas se hacen así, al final se marcharán los empresarios. Con toda la razón del mundo.