Desde la visita real a Ceuta y a Melilla en 2008, Marruecos no se había permitido plantear –como ha hecho ahora a través de su primer ministro, Abbas El Fassi–, la reclamación a España de ambas ciudades, así como de los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas, y del archipiélago de las Chafarinas.
Un acto, realizado aprovechando su comparecencia ante la Cámara de Representantes en Rabat el 17 de mayo para realizar un balance de la actividad del Gobierno. Sorprender no sorprende, pero provocó incluso unas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La misma que días antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara –el 30 de abril–, un nuevo informe del secretario general sobre el Sáhara Occidental y la prórroga de un año al mandato de la MINURSO, había hecho declaraciones, esas sí sorprendentes: defendió la fórmula del referéndum para la ex colonia española. Ahora De la Vega ha tenido que salir a la palestra ante las preguntas de los periodistas para afirmar –confirmar– que nuestros territorios norteafricanos son claramente españoles y que no deben de someterse a diálogo alguno. Eso es lo que quiere precisamente Marruecos: abrir un diálogo, peligrosa fórmula a la que tan aficionado es nuestro Gobierno y que cuando se sacraliza y se aplica a todo y con todos puede volverse contra uno.
Que es de lo que se trata. Un estadista debe saber sobre qué se puede dialogar y sobre qué no, y para cualquier español que se precie de serlo no debe de admitirse nunca como opción siquiera discutir con Marruecos sobre si esos rincones de España pueden cambiar o no de dueño. Aceptar un diálogo o jugar con la idea es, para algunos irresponsables un mero ejercicio intelectual, pero para Rabat es el principio del reconocimiento de que aquí hay un contencioso. Tragar aunque sea un poco con la idea supondría acercarse peligrosamente al abismo. Esperemos que las palabras en principio contundentes de la vicepresidenta reflejen una voluntad firme de nuestro Ejecutivo de no jugar peligrosamente con nuestro vecino del sur. Sabemos que algunas personalidades del partido que gobierna en España tienen ideas entreguistas con respecto a nuestras ciudades autónomas, a los peñones y a las islas: lo esencial es que no sean ellos los que acaben influyendo en lo que debe de ser una política de Estado seria. Al resto, empezando por la opsicion, corresponde vigilar atentamente para que esa política de Estado seria con respecto a este resbaladizo asunto no se resquebraje. Que es de lo que se trata.