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Clemente Polo

El silencio de los imputados

Si los "honorables" Mas y Pujol logran su objetivo, resultará imposible llegar al fondo del asunto y conocer el destino de los 35,4 millones desviados por Millet del Palau de la Música-Orfeó Català.

Las investigaciones que se han desarrollado durante la instrucción del caso Palau de la Música y que han desembocado, a petición del fiscal, en la apertura de una causa separada para examinar la (presunta) financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido que preside el Honorable Jordi Pujol y dirige desde la secretaría general el igualmente Honorable Artur Mas, han puesto contra las cuerdas a la formación nacionalista. La imputación a petición del fiscal de Daniel Osàcar, secretario personal de Artur Mas entre 2000 y 2005 y tesorero del partido y administrador de la fundación Trias Fargas-CatDem desde 2005 hasta enero de 201, y "una de las mejores personas" que ha conocido el Sr. Trias, candidato de CDC a la alcaldía de Barcelona, apunta a que el misterioso "Daniel" que sustituyó al Sr. Torrent (tesorero de CDC fallecido en 2005) como cobrador del frac, y al que los gestores del Palau, Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, entregaban sumas de dinero procedentes de comisiones pagadas por empresas a las que los Gobiernos de Jordi Pujol habían adjudicado obras, era Daniel Osàcar.

Para minimizar el daño que la previsible imputación de Osàcar pudiera causarles, Artur Mas y Jordi Pujol decidieron adelantarse a los hechos y aceptar la dimisión que presentó el "bueno" de Osàcar como tesorero de CDC y administrador de la fundación nacionalista en la primera reunión que celebró la comisión ejecutiva del partido el 13 de diciembre, apenas dos semanas después de la victoria de la formación nacionalista en las elecciones autonómicas catalanas el 28N. De esta manera, CDC podrá aducir, si como resulta previsible "Daniel" acaba siendo condenado, que "el Sr. Osàcar presentó su dimisión de todos sus cargos en diciembre de 2010 y no tiene responsabilidades orgánicas en CDC desde enero de 2011". En otra decisión vergonzante tras tomar posesión el Sr. Mas, los servicios jurídicos de la Generalitat, dependientes de Presidencia, presentaron en nombre del Consorcio del Palau de la Música el 18 de enero una solicitud en el juzgado de instrucción número 30 pidiendo que se investigue únicamente el destino de 5,9 de los 12 millones aportados por la empresa Ferrovial al Palau y no se impute a ninguna persona en concreto. ¡Viva la impunidad! La maniobra de CDC ha sido contestada por todos los partidos en el Parlament, salvo UDC y SI, y CDC se ha visto obligada, para no perder la votación, a aceptar que el Sr. Gordó, secretario de presidencia, comparezca para dar explicaciones ante la comisión de Justicia.

Pero el verdadero quebradero de cabeza para Artur Mas y Jordi Pujol en los próximos meses será lograr que no se quiebre el pacto de silencio que les ha permitido eludir la acción de la justicia hasta ahora. Resulta esencial para ambos políticos que el Sr. Osàcar continúe negando los hechos por los que ha sido imputado, como ya hizo ante la comisión (p. 94) que investigó el asunto en el Parlament de Catalunya, incluso si es condenado. Vital para ellos será también que los principales imputados en el caso Palau, Millet y los Montull, sigan invocando su derecho a no declarar, como también hicieron ante la precitada comisión (p. 49) parlamentaria, y continúen exculpando a Osàcar. También hace falta que peones de brega como la Sra. Barberá, secretaria para todo de Millet en el Palau-Orfeó que fue despedida días antes de que Millet y Montull se autoinculparan ante el juez Solaz, mantenga la boca bien cerrada, como ya hizo al acogerse a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlament (p. 61).

Si los "honorables" Mas y Pujol logran su objetivo, resultará imposible llegar al fondo del asunto y conocer el destino de los 35,4 millones desviados por Millet del Palau de la Música-Orfeó Català y los nombres de los máximos responsables de la (presunta) trama de extorsión organizada por CDC para financiarse ilegalmente durante al menos una década. A las leales víctimas el Gobierno catalán del Sr. Mas ya se ocupará de recompensarlas asegurándoles que su estancia en una celda vip en Can Brians será confortable y breve.

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