Policía abandonada

Los graves incidentes de la semana pasada en Madrid no sólo no se han saldado con alborotadores detenidos, sino que han tenido como consecuencia el acoso en internet a miembros de las FCSE, en una campaña delictiva que está quedando impune. A nadie se le escapa que la permisividad de Camacho responde a las necesidades electorales de Rubalcaba, que es con quien comenzaron las cesiones en la calle desde mediados de mayo. En las últimas elecciones fue la izquierda radical la que dio el triunfo al PSOE, y Rubalcaba no puede prescindir de ella en las elecciones de noviembre. Así que la trata con sumo esmero y enorme cuidado a los radicales del 15-M, consciente de que sin ellos lo tendrá más difícil. Así que, convertidos los "indignados" en "consentidos", su escalada de violencia ha sido y es exponencial: los ataques contra los peregrinos de la JMJ son sólo el último episodio de una violencia sorda: desde mayo, 40 agentes de la policía han resultado heridos.

Por otra parte, desde el equipo electoral de Rubalcaba han decidido impulsar a esta izquierda extraparlamentaria, cuyas movilizaciones acaban en incidentes. El desmoronamiento electoral del PSOE en las pasadas elecciones locales y autonómicas, las oscuras encuestas, y las medidas económicas que Europa ha impuesto férreamente al Gobierno, ha puesto a los socialistas en una posición muy delicada. La agitación callejera, la toma de la calle por parte de los radicales del 15-M proporciona visibilidad a las fracasadas recetas socialistas: en economía, en reformas institucionales o en la cuestión del laicismo, los tumultos callejeros mantienen vivas las aspiraciones izquierdistas. Que El País prefiera informar en portada sobre trescientos indignados e Tirso de Molina antes que de dos millones en Cuatro Vientos con el Papa, es significativo. Como lo es que Elena Valenciano equipare a los agresores con los peregrinos –mujeres, menores y hasta paralíticos–.

Claro que entre la izquierda huérfana de ideas y socialmente en declive y las necesidades de Rubalcaba para noviembre, por un lado; y la violencia desatada por el 15-M se encuentra el ministro del Interior Camacho. Si en otros casos, como el del bar Faisán, Camacho se esconde tras la policía, en este caso ha dejado abandonados a su suerte a los agentes de las UIP. Con las órdenes recibidas, son literalmente sujetados por la delegación del Gobierno en Madrid, mientras se les provoca en la calle y se les lincha en internet: delitos varios que no tienen consecuencias gracias a los privilegios concedidos por Camacho a los "indignados". No entendemos como la delegada Carrión no ha dimitido, ni por qué Camacho no ha informado ya en el Congreso sobre lo sucedido en la manifestación contra la JMJ, tal y como, por ejemplo, sí ocurrió en Gran Bretaña.

Más allá de la caza al policía llevada a cabo por estos grupos antisitema y la utilización socialista de los incidentes, está la creciente degradación del orden público a la que asistimos desde mayo, primero con Rubalcaba y después con Camacho. La impunidad de determinados delitos, e incluso el acoso a las FSE por parte de grupos organizados y de irresponsables medios de comunicación, está socavando la legitimidad estatal para emplear la fuerza. Dicho en otros términos: la debilidad policial impulsa e invita a cualquiera con fuerza suficiente a desafiar al Estado, da igual que sea en las "choznas" de Bilbao que en la Puerta del Sol. Resulta evidente que el orden público no está hoy en día garantizado, y no por falta de medios o por preparación policial, sino por una decisión política e ilegítima tomada por el ministro Camacho. Él ha dejado a la policía abandonada.