En España, hace ya mucho que estamos curados de espanto en lo que atañe a disparates legales. Los socialistas nunca han entendido que las leyes están para cumplirse siempre, cuando gustan y cuando disgustan. Tras la victoria electoral de Felipe González se aprestaron a convertir en un órgano político lo que debía ser el órgano de gobierno de los jueces. Aquello se amparó en una interpretación torticera de la Constitución al más puro estilo de Alfonso Guerra. Otra vuelta de tuerca fue la promoción a Fiscal General del inefable Eligio Hernández, conocido como "El Pollo del Pinar", ilegal a todas luces pero que, para cuando fue revocado su nombramiento, ya había hecho todas las tropelías para las que había sido designado.
Después fueron y volvieron Bacigalupo y Garzón, Bermejo y Cándido, y así se fue politizando la administración de justicia al ritmo de la mayoría socialista, sin demasiada oposición por parte del PP. Nuestros políticos de izquierdas no se dan por enterados de que cualquier norma, de la Constitución hacia abajo, puede reformarse mediante un procedimiento idéntico al que condujo a su aprobación. Lo que no es admisible y vulnera la esencia del Estado de Derecho es que los poderes públicos vulneren las normas cuando su aplicación no les conviene. La mayor tropelía jurídico-política cometida en este ámbito ha sido la reforma de la Constitución por la vía de la aprobación de un Estatuto de Cataluña abiertamente inconstitucional. Pese a lo cual, el Tribunal Constitucional, cuya composición es reflejo de la mayoría política del Parlamento, lo declaró acorde a la Carta Magna, introduciendo una vara con mucho palo en la maltrecha España.
El desafío al sistema constitucional que supuso la aprobación de dicho Estatuto, plasmó la carencia de una idea de la nación española como sujeto político único. Si bien ya conocíamos lo que pensaban los nacionalistas, ignorábamos que el PSOE estuviera, como de hecho está, en la misma página. Ahora, unos y otros se buscan y encuentran para desafiar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha cometido la osadía de intentar garantizar el derecho de un niño castellanohablante a ser escolarizado en castellano. No conformes con la rebeldía, han aprobado una resolución en el Congreso de los Diputados invitando y amparando la desobediencia. Lo más repugnante es que no va a pasar nada. El Estado de Derecho hace años que no rige en determinadas comunidades autónomas, y lo peor es que ni siquiera nos llama la atención, porque ya nos hemos acostumbrado.