Griñán, Chaves y los ERE fraudulentos

Aunque el PSOE haya querido desde el primer momento establecer "cortafuegos" para que el escandaloso asunto de los ERE fraudulentos no salpiquen al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y a su actual sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, cada vez más indicios apuntan a la responsabilidad política –y tal vez penal– de ambos dirigentes.

Así, la juez que investiga esta trama de prejubilaciones ilegales, Mercedes Alaya, acaba de solicitar en un auto las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda" –actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán– sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas, así como los datos relativos a 796 prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva al sospechar de posibles manipulaciones. Igualmente, la juez reclama la "vida laboral" e ingresos percibidos desde la administración autonómica por la empresa Matsa, para la que ha trabajado una hija del expresidente Chaves.

Ni que decir tiene que estas indagaciones judiciales que afectan nada menos que al actual vicepresidente del gobierno español y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves, como al actual presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, van a hacer que a la juez Alaya le lluevan todo tipo de presiones. Buen anticipo de ellas han sido las que Alfonso Guerra ha llevado recientemente hasta el extremo del insulto sexista y que han motivado una más que justificada protesta por parte del Consejo General del Poder Judicial.

En cualquier caso, las responsabilidades políticas "in vigilando", tanto de Griñán como de Chaves, en este asunto de los ERE fraudulentos resulta manifiesta desde que, hace meses, la actual consejera de Economía y Hacienda, Martínez Aguayo, aseguró que siendo entonces viceconsejera del ramo no informó a Griñán de los informes de la Intervención General de 2005, 2006 y 2007 que ponían serios y graves reparos al procedimiento administrativo escogido para tramitar los polémicos ERE y las ayudas a empresas en crisis. Aunque aquellas declaraciones de Martínez Aguayo resultaban un increíble cortafuego para sus superiores –lo más probable es que esos informes preceptivos por ley fueran entregados directamente al consejero Griñán–, el supuesto desconocimiento de su contenido por parte de Griñán supone una falta de responsabilidad que ya le debería haber costado el cargo. Otro tanto se podría decir del entonces máximo responsable de la Junta, Manuel Chaves; más aun después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.

Ignoramos, en cualquier caso, si Griñán y Chaves acabarán por este asunto sentados en el banquillo. De lo que estamos casi seguros es que ambos van a ser desbancados tan pronto los ciudadanos puedan expresar su voz de indignación en las urnas.