Hay quien dice, con mucha lógica, que el triunfo o el fracaso de las huelgas no se determina en función del grado de participación en ellas, sino en la medida en la que las reclamaciones de sus convocantes sean atendidas después. No estoy seguro, pero creo que con Sarkozy Francia vivió algunas de las huelgas y manifestaciones más secundadas de su historia; huelgas y manifestaciones que sin embargo se saldaron rotundos fracasos porque los organizadores no obtuvieron una sola concesión del Gobierno. En sentido contrario, recuerdo la baja participación que tuvo la huelga celebrada contra la segunda reforma laboral que Aznar pretendió sacar adelante en las postrimerías de su segunda legislatura. Al final, sin embargo, se tradujo en un incontestable triunfo sindical, gracias a los complejos de un Gobierno que decidió abortar esa misma reforma que antes consideraba imprescindible.
A raíz de la huelga general que hemos padecido este miércoles –de las menos secundadas de nuestra historia–, no creo que el Gobierno de Rajoy vaya a variar su política por las reclamaciones de sus convocantes. Fundamentalmente, porque gracias al euro no tiene en su mano la posibilidad de fabricar billetes. Ahora bien, este fracaso sindical puede resultar muy relativo si el Ejecutivo mantiene una serie de políticas a las que los sindicatos no plantean objeción alguna, entre otras razones porque en muchos casos son directos beneficiarios de ellas. Tal es el caso de la elevada y empobrecedora subida de todos los tipos impositivos; o el mantenimiento de empresas, fundaciones y demás chiringuitos públicos, que no hacen más que dilapidar recursos; por no hablar de las multimillonarias subvenciones directas que este Gabinete sigue otorgando a los huelguistas.
Los sindicatos dicen que hay que "preguntar en referéndum" a la gente, pero se cuidan muy mucho de que los ciudadanos puedan dar su opinión sobre si les parecen bien políticas del PP como las que se traducen en el mantenimiento de las multimillonarias subvenciones a los sindicatos, la subida del IRPF y el IVA o el sostenimiento de las cadenas de televisión públicas, que suponen bastante más dinero que muchos de esos tímidos recortes del gasto público que el Gobierno ha llevado a cabo. Tampoco he oído pedir a los sindicatos que se pregunte a los ciudadanos respecto a si consideran conveniente o no que el Gobierno se siga negando a una reforma del modelo autonómico destinada a erradicar duplicidades.
Que este Gobierno se empeñe en preservar la mayor parte de nuestro sobredimensionado sector público, aun a costa de entorpecer, mediante subidas de impuestos, nuestras posibilidades de recuperación es un éxito de los sindicatos que va mucho más allá al hecho –ya de por sí relevante– de conseguir que Rajoy les siga subvencionando o negándose a promulgar una ley de huelga.
La misma forma de valorar por parte del Gobierno del PP la incidencia de la huelga podríamos decir que constituye un premio de consolación para sus fracasados convocantes. Y es que, lejos de subrayar el histórico fracaso de convocatoria, o de denunciarlos como principalísimos corresponsables de la crisis que padecemos, la buena de Soraya Saenz de Santamaría se ha limitado a comprender el "malestar ciudadano" pero defendiendo la necesidad de mantener la política que el Gobierno está llevando a cabo. Vamos que, lejos de subrayar el fracaso de los sindicatos a la hora de representar y encauzar el innegable malestar ciudadano, el Gobierno se ha limitado a la engañosa cantinela de la "medicina amarga".
Para colmo, nos hemos enterado de que Montoro ha decidido rebajar la ya de por sí insuficiente poda de liberados sindicales que había anunciado en junio. Y el Gobierno lo ha publicado el mismo día de esa huelga a todas luces políticas.
Lo dicho: los sindicatos habrán obtenido un gran fracaso, pero hay que ver cómo trata de subsanarlo este Gobierno acomplejado.