Ambigüedad calculada

A todo aquel que lleve cierto tiempo siguiendo la actualidad político-económica no le queda más remedio que preguntarse hasta qué punto las propuestas que está haciendo últimamente la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, sobre la relajación de los objetivos de déficit público para esta región, o sobre un pacto fiscal con Hacienda propia, son simplemente una ocurrencia más de una líder que ha perdido el norte o si, por el contrario, se trata de globos sonda que empieza a lanzar el Gobierno ante la deriva soberanista del Ejecutivo catalán. Porque lo cierto es que, hasta ahora, el Gabinete Rajoy ha mantenido una ambigüedad calculada acerca de lo que piensa hacer en relación con el desafío independentista, limitándose a señalar que el referéndum que ha prometido Artur Mas no cabe en la Constitución, pero sin dar respuestas claras y concretas a todas las cuestiones que se van a plantear, necesariamente, en las próximas semanas.

En este sentido, la principal cuestión que tendrá que afrontar el Gobierno de Rajoy en breve es qué va a hacer con la solicitud de la Generalitat de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica. Las reglas del mismo indican que las ayudas solo se concederán si previamente se ha fijado toda una serie de condiciones y exigencias en materia de reducción del gasto y el déficit público. La Generalitat, sin embargo, está rechazando ese tipo de condiciones, pero sin los dineros procedentes del Estado Cataluña está inexorablemente abocada a la suspensión de pagos, y entonces el Gobierno de Rajoy tendría que intervenirla. Esta decisión es fácil de tomar si se está dispuesto a asumir las consecuencias y, sobre todo, si se tiene claro el modelo de Estado que se quiere defender.

El problema es que el PP de Rajoy ni parece dispuesto a asumir esas consecuencias, ni tiene modelo de Estado ni nada que se le parezca. El PP no se define como centralista ni actúa en consecuencia acabando con las autonomías porque es prisionero de sus propias contradicciones y de los intereses políticos localistas que las sustentan. Pero tampoco tiene claro hasta qué punto quiere dar libertad a los Gobiernos autonómicos para que puedan hacer y deshacer a su antojo, respondiendo directamente de todo ello ante sus ciudadanos, a través de un sistema de financiación autonómica que obligue a subir impuestos a quien quiera gastar más y que impida el recurso permanente a papá Estado cada vez que las arcas se queden sin recursos y las deudas resulten asfixiantes. En este sentido, y a falta de principios a los que agarrarse, el Gobierno parece que va a la deriva y busca salidas donde nos las hay, mientras lanza globos sonda para tratar de pulsar el estado de la opinión pública al respecto. Esa es la sensación que producen las últimas propuestas de Alicia Sánchez-Camacho, y hasta ahora ni el Ejecutivo de Rajoy ni la dirección nacional del PP han hecho nada para que podamos pensar lo contrario.