La novena –o décima, que ya nadie sabe cuántas van– cháchara retórica de la Cámara autonómica catalana anunciando su afán soberanista posee el mismo valor jurídico que las diez –u once– anteriores: ninguno. De hecho, y aunque nadie se acuerde a estas horas, a finales de septiembre, justo antes de disolverse, el Parlament depuso otra muy solemne nadería apocalíptica frente a la indiferencia general de crítica y público. Precedentes todos ellos llamados a adornar con un par de incongruencias lógicas la eventual interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo.
La primera, digna del mismísimo Perogrullo. Porque si el Hemiciclo local hubiera declarado la soberanía de Cataluña el otro día, ¿para qué iba Mas a querer convocar un referéndum con el propósito de volver a proclamarla por segunda vez consecutiva? La otra, en fin, sería de orden diacrónico. Pues o recurre ahora el Gobierno las once –o doce– previas, o no tendría sentido alguno pretender anular exclusivamente la última. La doctrina, por lo demás respetable, de Espartero, que como es sabido postulaba bombardear Barcelona cada cincuenta años a modo de terapia para los males de la región, subyace hoy en los afanes de alguna España exaltada. La imagen del buque Uruguay alojando de nuevo al Gobierno de la Generalitat en sus bodegas resulta grata a ciertas fantasías.
Sin embargo, conviene aprender del pasado. Y no, por cierto, del más remoto. Así, cuando el Plan Ibarretxe, el entonces ministro de Justicia, Michavila, incurrió en la torpeza de apelar antes de tiempo al Constitucional. La consecuencia de tantas premuras no sería otra que una patada al Gobierno en el culo de Aznar: el Tribunal desestimó el recurso. Aún no había llegado el momento procesal oportuno. Como ahora. Artur Mas firmará su sentencia de muerte política en el instante mismo en que convoque su plebiscito. En ese momento, la Fiscalía General del Estado podrá acusarlo de un delito de prevaricación. Amén de otro de desobediencia si persistiera en su actitud. Figuras ambas tipificadas y que llevan asociada la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. En ese momento, pues, pero no antes. Mientras tanto, mejor recurrir la Declaración, aunque no en el Constitucional sino ante la Academia de la Historia. ¡Cuánta trola!