Menos política en la vida diaria

Antes de empezar a escribir este artículo he rastreado las webs de los periódicos más importantes del mundo, lo cual me ha producido una profunda tristeza. Pondré sólo dos ejemplos: la corrupción de España es la noticia principal del Financial Times; y si usted introduce la palabra Spain en el buscador de The New York Times, le saltarán automáticamente los términos fraude y corrupción.

Basta ya. Puede que parte de todo este efecto altavoz esté siendo sobredimensionado aposta y no lo merezcamos, pero gran parte es consecuencia de una realidad que seguimos sin afrontar. Contamos con unos abultados entramados públicos que ocupan demasiado espacio en nuestra sociedad. Las consecuencias directas son dos: falta de libertad individual y corrupción. Se ha puesto en el centro del espacio a los políticos, en vez de a los ciudadanos, y ahora sufrimos las consecuencias. Hemos dotado de un excesivo poder a las administraciones públicas, les hemos cedido demasiadas parcelas de responsabilidad, y eso ha provocado el crecimiento de un mecanismo viciado.

Seamos sinceros: hemos permitido que los protagonistas de nuestra sociedad sean los políticos, incluso en las esferas económicas. La prueba la tenemos en los periódicos patrios. La política copa sus páginas, y los responsables públicos inundan las dedicadas a la economía (ahora también las de sucesos). Una amiga empresaria francesa me indica que le causa sorpresa que en España los responsables sindicales sean personajes muy populares y opinen prácticamente de cualquier cosa ajena las relaciones laborales.

No estoy diciendo que no sea necesaria la política en nuestra sociedad, porque lo es, y mucho, pero su sobrerrepresentación juega en contra de todos. Ahora son más actuales que nunca las ideas del economista recientemente fallecido James Buchanan, que rechazaba la idea de que el Estado es superior a los ciudadanos en sabiduría. Esta filosofía surgió de sus estudios sobre las decisiones públicas en materia de tributación, gastos, elección de prioridades y gestión de cuentas públicas dentro de la economía, que dieron forma a su teoría de la Elección Pública (Public Choice), que vincula la economía a la política del Estado.

El Nobel Buchanan aprendió mediante el análisis que los Gobiernos no son entidades eficientes y altruistas que trabajan para eliminar las imperfecciones de los mercados. Al contrario, son el agregado de personas que buscan satisfacer intereses personales a través de leyes, impuestos y regulaciones. Parece que muchos han olvidado estas conclusiones durante los últimos años, en los que ha abundado la intromisión de los políticos y de los funcionarios en nuestra vida económica diaria. Tenemos que despolitizar nuestra vida diaria. Política sí, pero la justita y muy controlada.

Tampoco hace falta acudir a grandes macroobjetivos que sólo son palabras grandilocuentes que se diluyen con el paso del tiempo. Por ejemplo, no podemos seguir siendo un país donde constituir una empresa sea un objetivo repleto de obstáculos (gracias a la saturación administrativa que padecemos). La politización de la administración pública y la pesada burocracia están entre las principales causas que explican el retraso de España. Así, el tiempo necesario para poner en marcha una empresa sigue siendo de 28 días, el doble de la media de la UE. Y el plazo para obtener una licencia de explotación se dispara hasta los 116 días, el más largo entre los socios europeos (salvo que sea usted un pillo y además sepa a quién debe sensibilizar para que los trámites sean más ágiles).

La política tiene su espacio, pero no puede seguir impregnando la totalidad de nuestra realidad, porque el resultado inmediato es la corrupción, a la cual, por cierto, sólo se hace frente con la ley. No creo que hagan falta esos pomposos grandes pactos del mundo mundial a los que se refieren algunos. La solución es mucho más sencilla y concreta. Se trata sólo de aplicar la ley. Mientras a los ciudadanos no se nos permite ni un día de retraso en el pago de cualquier tributo, las administraciones pagan cuando quieren y no pasa absolutamente nada. Más de cinco mil ayuntamientos no han presentado sus cuentas de 2012 al Tribunal de Cuentas, como obliga la Ley de Haciendas Locales, pero tampoco pasa nada; hay algunos consistorios que tienen cuentas pendientes de fiscalización desde hace seis o siete ejercicios (cualquier delito habría prescrito). Todo ello pese a que la referida Ley de Haciendas Locales, de 2004, encarga al Tribunal de Cuentas que asuma la fiscalización externa de la gestión económica de las entidades locales y sus organismos y sociedades, con el objetivo de corregir cualquier anomalía y exigir las responsabilidades contables que sea menester.

Un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, referente al ejercicio 2009, afirma que todas las líneas de subvenciones de la Consejería de Empleo para el fomento del mercado de trabajo incumplieron los principios de transparencia, igualdad y objetividad establecidos en la Ley General de Subvenciones. No se trata de uno o dos expedientes: estamos hablando de 25.377. Y no pasa nada.

El embajador de EEUU en España, Alan D. Solomont, nos ha dado un razonable toque de atención al recomendarnos atacar la corrupción de manera agresiva y rápida, para que la confianza en nuestro país no se vea minada. No podemos seguir transmitiendo imagen de corrupción e inseguridad jurídica si queremos recuperar tejido productivo.