La estrategia catalanista para conseguir un Estado propio y, mientras eso se concrete, vivir de la amenaza de construirlo cuenta con todos los vientos a su favor. Pertrechada con los eufemismos de siempre, ha logrado enmascarar el hachazo del separatismo con el falso derecho cívico a decidir. En una palabra, nos han dado gato por liebre de nuevo. Lo malo es que una mayoría social se lo ha tragado.
Aparentemente, la astucia nada podrá hacer esta vez contra la soberanía constitucionalmente otorgada a todo el pueblo español. Simplemente se aplica la ley, y aquí paz y después gloria. La Abogacía del Estado está en ello. Su muy bien argumentado recurso ante el TC contra la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, contra la posibilidad de un referéndum independentista por celebrar únicamente en Cataluña, incluso contra la treta de camuflarlo bajo unas elecciones plebiscitarias, ya está en curso. Pero la salida no es tan sencilla. Estamos en una guerra que no lo parece y con unas armas que no son de guerra. Y lo peor, es que el agresor pasa por ser el agredido mientras prepara la intendencia necesaria para librar la batalla; el agredido, en cambio, aún no se ha enterado ni de su condición de contendiente ni de su necesidad de contrarrestar las armas y la intendencia de aquél. Está demasiado ensimismado en su confianza constitucional, no se da cuenta de que la batalla por la hegemonía cultural y moral bien podría arrastrar a la sociedad catalana a la insumisión.
Ante esta desolación hay tres salidas posibles, y ninguna de ellas es favorable a la España constitucional:
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Que el Congreso de los Diputados permita un referéndum secesionista circunscrito a Cataluña, previa reforma constitucional y los trapicheos políticos acostumbrados. Mala opción: aunque lo perdieran, el victimismo y el chantaje saldrían ganando y España habría iniciado su desmoronamiento legal.
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Que se niegue el derecho a decidir al pueblo catalán y se permita realizar la consulta a todo el pueblo español. Igualmente malo. El catalanismo plantearía el referéndum como un pulso entre Cataluña y España y desvirtuaría por completo el sentido del voto. La confrontación camuflaría las aristas duras de una decisión separatista como un pulso de salón más cercano a un Madrid-Barça que a la tragedia de una sociedad partida en dos.
- Que no se permita referéndum alguno. Posiblemente la opción más rentable para el juego de "la puta y la Ramoneta" de CiU. Ante eso, muy posiblemente, trasladarían el sentido del derecho a decidir a unas elecciones plebiscitarias, bien como un frente unido de independentistas, bien como unas elecciones clásicas, pero con el gancho soberanista. La salida podría ser altamente lesiva para la sociedad no nacionalista de Cataluña y la estabilidad de España, ya que la inercia del voto partidista reforzaría el soberanismo sin la merma de votos que tendría si la consulta se librara a cara de perro entre independentistas y unionistas. Importa poco que sus efectos carecieran de efectos jurídicos: "Las elecciones autonómicas nunca pueden investir de naturaleza constituyente la asamblea legislativa de la nacionalidad o región que resulte", asegura la Abogacía del Estado ante esta eventualidad de unos comicios plebiscitarios. El problema es que, muy posiblemente, tales comicios darían una mayoría social independentista que posiblemente no tuvieran en un referéndum de verdad. Y si fuere así, habrían dado un paso más, esta vez casi definitivo, para hacerse con una hegemonía social, moral, cultural y política que funcionaría como una carcoma contra la unidad de España, hasta desmoronarla definitivamente. Para cuando España quisiera reaccionar, su vertebración se habría convertido en polvo.
Mientras despliegan la intendencia del Estado propio, el Gobierno de la nación ha de defenderse. No es posible que los casi inexistentes medios de comunicación digitales que ofrecen resistencia a esa carcoma en Cataluña no tengan una mísera subvención, mientras su intendencia rebosa de ellas.