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Francisco Pérez Abellán

Justicia para “robagallinas”

La ley debería haberse renovado, actualizado y afilado como una herramienta imprescindible de la democracia.

Ya era hora. El otro día Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, dio la razón a lo que lleva una década proclamándose: las leyes españolas no son adecuadas para el momento presente. De hecho lo precisa bien quien ocupa dos cargos, lo que para mí es un exceso e incurre en duplicidad de funciones.

Afirma Lesmes, sin ambages, que la ley solo está prevista para los "robagallinas" y no para los ladrones de ahora que, el que menos, tienen un millón y medio de euros en Suiza. Y algunos se sospecha que pueden llegar hasta los 137 millones. Desde luego, ¿cómo se quiere combatir un león con un mal palo? La ristra da miedo: tarjetas black, Andorra y organización criminal contra la Hacienda pública.

Una ley que ya era retrógrada y antigua en el siglo XIX. Que nunca quieren reformar en caliente, cuando se ama en caliente, se trabaja en caliente y no hay cosa que no sea mejor en caliente. Excusas vanas de gente perezosa y peste de mataos a la deriva, en el mar de la corrupción. Más dispuestos a pedir perdón que a dar un palo al agua.

El Lute fue espejo de "robagallinas" en sus inicios, porque ahora ya apenas se roban gallinas, aunque no desesperemos, porque en este país de tanto desgobierno en cualquier momento nos va a caer una vuelta al pasado, como diría Arnold J. Toynbee, que sostenía aquello de que quienes no conocen la historia están obligados a repetirla. Espero que el Lute se mantenga en su línea y no regrese nunca al corral. Aunque muchos otros podemos ser convertidos en "robagallinas". Por cierto, ¿qué c… es la UCO?, como diría Jordi, parece tener el don de la ubicuidad y estar al mismo tiempo olfateando ladrillos, Suiza, Andorra, Marbella, alcaldes y empresarios. La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La ley debería haberse renovado, actualizado y afilado como una herramienta imprescindible de la democracia. Sin ley no hay democracia porque se convierte en timocracia. Del rey abajo, la ley está para ser cumplida. Lo que pasa es que la que tenemos no sirve y no parece que nadie se arremangue para cambiarla.

Y los políticos que se ocultan bajo el seudónimo colectivo de el Legislador no dan una. Primero que no curran, y segundo, que cuando no hay más remedio, lo hacen con desgana. Es cierto que la crisis de la Justicia ha sido agravada sobremanera por el anterior ministro, que ya ha cobrado el sueldo de 8.000 euros del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, en un país que se desangra y que el único informe oficial que entiende es el de Cáritas. Legiones de pobres se enfrentan a un siniestro futuro, en buena parte por la corrupción. Uno de cada cuatro españoles es pobre y está en riesgo de exclusión. Dicen que el gobierno, alarmado por primera vez, manda un arguiñano para cocinar las cifras.

Yo, que me dedico al crimen, me siento abochornado viendo cómo se desdibujan aluniceros, atracadores del tres al cuarto, carteristas de chichinabo, tironeros de calderilla, mientras se abren inacabables carpetas criminales para desfalcos de una familia que actúa, según la policía, como una organización mafiosa. Carpetas para estafadores que inventan productos bancarios que engañan a ciegos y ancianos indefensos, convirtiendo en humo los ahorros. Altos cargos que succionan el ladrillo, la prevaricación, la apropiación indebida, el cohecho, el convoluto y el lavado de capitales. No hay ley. ¡Pobres robagallinas!

Hay en España quien vino de presidir el Fondo Monetario Internacional y está imputado por un pellizco. La casta imputada, la clase bajo sospecha, no parece tener nunca bastante. Gozan de los números que acumulan, aunque se den cuenta de que no podrán gastar lo escamoteado ni aunque fueran capaces de birlarle al Altísimo una segunda vida. Mientras, uno de cada cuatro españoles no tiene pan. En Sevilla, suben las multas para los que buscan en la basura, pero no hay ningún modo de ganar un céntimo. La casta, en vez de crear empleo, se lo lleva crudo. Algunos fueron candidatos a presidir un partido o el gobierno. La ley no tiene recursos para enfrentarse a tal envilecimiento de la política.

Por eso viene como anillo al dedo que Su Señoría, el presidente redundante del Supremo, contemple con frialdad el instrumento inerte que maneja: la ley persigue, asfixia, estrangula a pobres, mientras resulta garantista y complaciente con los dignatarios que meten mano al dinero de todos.

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