El independentismo catalán lleva gobernando las instituciones de esa comunidad autónoma española desde 1980. Durante 35 años ha desarrollado una política sistemática dirigida a plantear de forma inevitable la ruptura con el resto de España. Para el día 27 de este mes han convocado unas elecciones ordinarias para elegir el parlamento autonómico, pero los propios independentistas han decidido que el voto en esas elecciones tiene un significado diferente: es un sí o un no de carácter plebiscitario a la independencia de Cataluña. El punto de partida, por tanto, consiste en que los independentistas han decidido sin contar con nadie más qué significado tendrá el voto de los ciudadanos.
Los independentistas plantean las cosas de una manera que parece lógica, aunque no lo sea: en un país libre se debería votar si se desea o no la independencia. En el caso de las colonias europeas en América llegaron juntas la libertad y la independencia. Pero en el caso de Cataluña sucede lo contrario. Hay al menos cinco motivos que indican que la independencia de Cataluña no significaría más libertad, sino menos.
Primero, el independentismo en Cataluña no admite la libertad de expresión. Declararse independentista no le genera a nadie problema alguno, mientras que ser partidario de la unidad española es algo que hace ya décadas no se puede defender en una plaza pública catalana sin ser objeto de intimidación, o pura agresión. En una Cataluña independiente no existiría libertad para propugnar la unidad de España.
Segundo, el independentismo tampoco tolera el pensamiento libre. No solo tiene castigo declararse contrario a la independencia, también lo tiene pensarlo. La desaparición de la libertad de disentir o de pensar diferente se está haciendo notar de manera increíble en la propia intimidad del hogar y la familia. Son muchos los catalanes que ya no tratan el tema de la independencia con sus propios familiares más directos, por miedo a que descubran que en realidad no creen en la independencia.
Tercero, el independentismo ha demostrado que no acepta la libertad de elegir. No permite que el propietario de un comercio pueda ponerle un nombre en castellano, si es que esa es su preferencia, bajo amenaza de multa. Y mucho menos permite que los padres escojan libremente en qué idioma quieren que sus hijos se eduquen. En las escuelas públicas y privadas catalanas está terminantemente prohibido enseñar en castellano, que sigue siendo lengua cooficial en Cataluña, y lengua materna de la mitad de la población.
Cuarto, el independentismo catalán no tiene en mucha consideración la propiedad privada. Los gobiernos independentistas han colocado los impuestos de Cataluña en los niveles más altos de Europa. Y ni con todo ese dinero extraído del bolsillo de los catalanes les basta: el gasto público del gobierno autonómico catalán supera de largo los ingresos, generando una deuda fabulosa. Es el resto de España quien está manteniendo a flote unas finanzas públicas catalanas que, dejadas a su suerte, hubieran quebrado ya hace años, no sin antes esquilmar a los propios catalanes.
Y en quinto lugar, lo que pretenden los independentistas quebranta la democracia, entendida ésta como conjunto de reglas establecidas para proteger la libertad. La Constitución que fue votada por todos los españoles, y que incluye la garantía de la unidad de la nación española, no puede ser desbordada o superada por unos cuantos. Tendríamos que ser todos los españoles quienes, en su caso, decidiéramos sobre la unidad de España.
Independencia no es sinónimo de libertad, sino que en el caso de Cataluña sería sinónimo de opresión y de enfrentamiento. Aznar dijo hace dos años que antes de romper con España, los independentistas catalanes romperían la propia Cataluña. Y es lo que se disponen a hacer este mismo mes.