La semana pasada tuve una experiencia personal que me impactó sobremanera, y de la que tanto Dieter Brandau como los oyentes de su programa fueron testigos indirectos, ya que ese día me tocaba participar en la tertulia de Es la Tarde de Dieter y tuve la necesidad de contarla en antena, casi a modo de desahogo.
Sucedió en la mañana del pasado miércoles 28, cuando tuve el honor de compartir dos horas con José Antonio Ortega Lara. Fue en el transcurso de una charla-coloquio con casi un centenar de jóvenes estudiantes de Periodismo y Publicidad del Centro Universitario Villanueva de Madrid. Me limité a presentar al invitado –los asistentes tendrían de 1 a 3 años cuando Ortega Lara estuvo secuestrado–, a moderar el turno de preguntas y, sobre todo, a escucharle.
Siempre he pensado que las víctimas del terrorismo tienen mucho que enseñar a los que hemos tenido la suerte de no serlo. Esto, que es aplicable a cualquier víctima de la barbarie terrorista, en el caso de Ortega Lara es de una claridad meridiana. Una persona que fue capaz de hacer frente a un secuestro de 532 días de duración en unas condiciones infrahumanas; una persona que le decía a sus secuestradores que perdieran toda esperanza de que el Gobierno cediera a sus pretensiones porque él estaba seguro que eso no iba a suceder y además estaba plenamente de acuerdo con que el Ejecutivo de Aznar no cediera; una persona que con el paso del tiempo confiesa que ha conseguido perdonar a sus secuestradores, pero no olvidar; una persona que al final de su charla con unos jóvenes universitarios les dice: "Os quiero dar un último consejo: vivid vuestra vida, pero no humilléis nunca a nadie"... Se entenderá perfectamente que la emoción y la admiración que suscitó esa gran persona fueran algo inmediato.
Al hilo de este encuentro de Ortega Lara con los jóvenes universitarios, me planteé otra serie de reflexiones que pienso tienen mucho que ver con la situación social y política que vivimos en España.
El terrorismo nacionalista de ETA consiguió en un momento determinado –concretamente, en esas fechas de julio de 1997, cuando fue liberado Ortega Lara y asesinado a cámara lenta, doce días más tarde, Miguel Ángel Blanco– la unión de muchísimos españoles ante lo que era una clarísima amenaza a nuestro sistema democrático y de libertades. La crueldad de ETA y el dolor de las víctimas sacó lo mejor de lo que los españoles llevábamos dentro, y en aquellos momentos se produjo una movilización social espontánea –Arzalluz llegó a decir que todo estaba teledirigido por el Cesid– que hizo frente no sólo a los terroristas, no sólo a los que les apoyaban, también al nacionalismo vasco que estaba en las instituciones, PNV y EA, que aprovecharon aquel río revuelto para una miserable ganancia de pescadores, que eso fue en definitiva el pacto que ambos partidos firmaron en Estella con la banda terrorista.
Aquel sentimiento de unión de muchos españoles estuvo liderado por un Gobierno, el de Aznar, que tenía un proyecto para combatir policialmente al terrorismo y para hacer frente al intento de destrucción de España que los terroristas de ETA llevaban persiguiendo desde la mitad de la década de los años 60, cuando empezaron sus crímenes.
Algunos lectores podrán preguntarse por el nexo entre lo que sucedió entonces y lo que sucede ahora. Pienso que es bastante fácil de entender. Cuando ETA se dio cuenta que sólo desde el País Vasco era muy difícil romper y acabar con España decidió dar el salto a Cataluña para, de alguna manera, pasar el testigo a los independentistas de esa comunidad. La plasmación práctica de esa entrega del testigo tuvo lugar en la reunión de Perpiñán de enero de 2004, entre el entonces líder de ERC y conseller en cap de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, y la cúpula de ETA, y el anuncio de la banda terrorista a los pocos días de que declaraba una tregua sólo en Cataluña. Es decir, seguiría matando en toda España, como así sucedió, menos en el paraíso de los Pujol, Mas, Carod Rovira y demás compañeros mártires.
Esa idea de ETA de que Cataluña debía situarse a la vanguardia del proyecto de ruptura de España se reafirmó cuando, en febrero de 2005, el conocido como Plan Ibarretxe fue tumbado en el Congreso de los Diputados y el PNV, escarmentado, reculó hacia posiciones más pragmáticas, aunque en ningún momento haya renunciado a sus objetivos independentistas.
Pues bien, cuando, ya desde hace tres años –exactamente. desde la Diada del 2012–, había señales y datos más que evidentes de que los nacionalistas independentistas catalanes, liderados por Mas y por Junqueras, iban muy en serio, la reacción del Gobierno de la Nación y de bastantes sectores sociales –empresarios, medios de comunicación, etc.– no ha estado a la altura de las circunstancias, y ni mucho menos se ha producido una unión ante la agresión a la democracia como hubo en aquellos años a los que antes he hecho referencia.
Será porque los gobernantes de ahora creen en muchas menos cosas que los de antes; será porque los llamados partidos nacionales se han convertido en máquinas para intentar mantenerse en el poder; será que la sociedad, castigada duramente por la crisis económica de los últimos años, se ha vuelto más egoísta y menos comprometida en la defensa de valores tan esenciales como la unidad de la nación española, seriamente amenazada en el momento actual por los independentistas catalanes. Será por lo que sea, pero, escuchando y viendo la pasada semana a Ortega Lara, aparte de la emoción, también me invadió un cierto sentimiento de tristeza, al recordar lo que fuimos capaces de hacer en aquellos años y comparar con la situación actual.
Entonces hubo proyecto, liderazgo político y unión de una inmensa mayoría de españoles para defenderse de quienes querían acabar con nuestra democracia y con nuestra nación. Ahora, ¿qué hay de todo aquello? Porque, si nos atenemos al mensaje, "confíen en los servicios jurídicos del Estado", que el presidente del Gobierno transmitió a sus interlocutores –Sánchez, Rivera e Iglesias– la pasada semana en La Moncloa, es como para salir corriendo.