La aprobación de una seudodeclaración de independencia unilateral en el parlamento catalán pareció bufa y ridícula. Bufas las intervenciones y ridículas las pretensiones de los independentistas. El problema es haber permitido que lleguen hasta aquí, porque no será baladí para el conjunto de los españoles. Como dice Fernando Savater, en la situación en la que nos encontramos, va a ser difícil que todo esto no acabe mal. La cuestión está en cómo de mal y sobre todo para quién.
Si queremos que el país no acabe en desastre y paguen quienes al desastre lo quieren conducir, es necesario acertar en el diagnóstico de los errores cometidos y no repetirlos. Este proceso no es casual ni ha avanzado por la fortaleza de quienes lo empujan, sino por la debilidad de las instituciones del Estado y de los principales partidos nacionales durante décadas. Unos partidos incapaces de defender un proyecto de país común y de entender cuáles eran los objetivos de parte de esa élite catalana, a la que creían tener atada permitiendo su corrupción -Rato compartía testaferros con los Pujol- y consintiendo sus veleidades identitarias.
Si esto es cierto, si no hay un problema real de pluralidad del Estado ni de descentralización política, sino más bien al revés, la solución no pasa por tomar medidas, como algunos proponen, para que el 96% de los españoles, a costa de los intereses comunes, seduzcan a menos de un 4% de descontentos, que además llevan años limitando la pluralidad en Cataluña y renunciando a seducir al 60% de sus conciudadanos que no son independentistas.
Toca hacer justo lo contrario. El Gobierno, sin temor, tiene que aplicar de manera proporcional e inteligente las medidas que impidan continuar con la política de hechos consumados hacia la independencia. Seguramente habrá consecuencias desagradables, pero el Estado, si quiere seguir existiendo, no puede renunciar a aplicar la ley en una parte de su territorio y defender a los ciudadanos de allí y del resto de España de la arbitrariedad y la iniquidad. Eso sí que conllevaría consecuencias desagradables.
Pero además, y sobre todo, el Gobierno deberá de una vez por todas pasar de la política de la reacción a la política de la anticipación. Hay que adelantarse a los independentistas y proponer las medidas políticas que defiendan los intereses comunes de los españoles y garanticen la pluralidad en Cataluña. Esto no quiere decir que no haya que escucharles y tenerles en cuenta, como ciudadanos que son. Quiere decir que no se puede consentir que continúen atemorizándonos, dividiéndonos y marcando el paso político de este país.
En este arduo camino que nos espera para ganar al insolidario independentismo, será muy conveniente que tanto la mayoría del PSOE como de Podemos entiendan que las cesiones para seducir no han apaciguado al nacionalismo, sino que lo han engordado, y que siempre han ido en perjuicio de los intereses de los ciudadanos más débiles y humildes, tanto en Cataluña como en el resto de España.
Seamos inteligentes y actuemos juntos para ganar a aquellos que quieren separarse de España porque se creen más ricos, consideran que así estarán mejor, mandarán más o robarán impunemente a su gente. Eso sí, recordemos que la unión no puede ser a costa de la acción. Es tiempo de la política de la acción, no de la ilusoria seducción.