Los pequeños detalles del 9-N

Francesc Homs, como buen nacionalista, es el colmo del descaro, la desvergüenza y el hormigón reforzado a modo de careto. Como se recordará, en los días previos y posteriores al referéndum patatero del 9 de noviembre de 2014, Quico, como le llaman en la comarca de Vich, se mostraba tan ufano como desafiante. En calidad de portavoz del gobierno regional presidido por el Astucias Mas, se choteaba del Tribunal Constitucional, se carcajeaba del Gobierno de España y se limpiaba el trasero con las resoluciones judiciales. Sólo le faltó hacer una pedorreta en rueda de prensa y un corte de mangas en horario de máxima audiencia.

A la manera de los caciques, su palabra y la de Mas y sus cuates eran y son la ley en Cataluña, dominio territorial en el que hacían, hacen y harán lo que les salga de los genitales con un desparpajo alucinante y un cuajo del carajo. A tal punto ha llegado el cachondeo que al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, le han premiado con el puesto de jefe de la oficina antifraude y el fiscal jefe de Cataluña que abogaba por el derecho a decidir, Martín Rodríguez Sol, acabó de número dos de la extinta Unió en las generales del 20-D.

Sí, la Justicia está politizada. Y más en Cataluña, donde el magistrado Joan Manel Abril, que instruyó la causa del 9-N, se ha largado a su otro puesto, el de jefe del consejo del poder judicial de Andorra, tras instruir un sumario en el que con una habilidad pasmosa borró el cargo de malversación para que Mas y las señoras exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega no se vieran en la tesitura de un juicio que podría implicar una liviana condena de prisión que, como es bien sabido, sólo cumplen los pringaos.

Abril, un fenómeno de la judicatura propuesto por CiU en el parlamento catalán, no sólo se olvidó de la malversación, sino de imputar a quien encargó las papeletas y las urnas de cartón (el entonces consejero de Justicia Germà Gordó, esposo de una magistrada del CGPJ a instancias del PSOE), a quien desplegó a los Mossos para preservar el plácido desarrollo de la jornada referendaria (el exconsejero de Interior Ramon Espadaler) y al propio Quico, brazo propagandístico y burocrático del magno acontecimiento. Por no hablar de la fecha que eligió el amaestrado juez para que depusiera Mas, el 15 de octubre del año pasado, que por casualidad coincidía con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. Menudo baño de masas que se pegó Mas, aunque le sirvió de bien poco cuando la CUP lo arrojó al cesto de los pañuelos de los mocos.

Entonces, como este lunes en el Supremo, la banda del 9-N se llegó hasta las puertas del tribunal para representar el número de los Santos Inocentes con los alcaldes de la vara, los consejeros de la Coronela y la sociedad civil de los chupópteros del proceso. ¡Vaya morro, cuánto cuento y qué escándalo! Todo ello con la complicidad imprescindible de un Gobierno merluzo que pone la cama y la pasta del común para que a los organizadores de las diadas, los referéndums y los golpes de Estado no les falte de nada para montarla parda.