Para los ciudadanos de una democracia, por imperfecta que sea, una Justicia independiente de los poderes reales, el político y los fácticos, es imprescindible para que su libertad esté asegurada, sus derechos y deberes sean respetados y su igualdad ante la ley, acreditada e incluso reverenciada. Para que nadie sea más ni menos que nadie cuando se acude a los tribunales, se necesita una Justicia sin ataduras políticas, no penetrada por intereses ajenos, libre para dictar según ley y sometida a los propios controles de eticidad y rigor en favor de unos ciudadanos indefensos sin su amparo. Para que nadie se tome la justicia por su mano, es preciso que la Justicia sea justa y, al serlo, adquiera el prestigio necesario ante el populus. Ya sé que esa es la teoría y que la realidad es bien otra. Precisamente en estos días se están viendo cosas que nos recuerdan que nuestra Justicia, como nuestra democracia, está enferma.
Ha sido absolutamente escandaloso que, días antes de firmarse definitivamente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado perpetrado por los separatistas en Cataluña, alguien, necesariamente cuña de la propia Justicia, haya filtrado su contenido esencial. Es increíble que el desentierro de Franco sea ajustado a las necesidades electorales del partido del Gobierno y que, imagínense su caso propio, un familiar suyo tenga que ser reinhumado donde ordene el Estado. Es asombroso que pueda decirse que todo un miembro del Tribunal Supremo cobrase 200.000 dólares por facilitar la condena de otro juez, el juez Gómez de Liaño.
Si se sigue repasando hacia atrás –recuerdo que en pleno caso Juan Guerra el abogado Horacio Oliva, estrecho colaborador del PSOE y mencionado ahora de nuevo en el caso Gómez de Liaño, ofreció un puesto en el Consejo General del Poder Judicial al juez instructor Ángel Márquez si se dejaba asesorar–, los casos que colman la desconfianza son demasiados. Una relación siquiera sucinta no cabría en esta columna. Sólo un leve recuerdo indicativo. Ahí tenemos el comportamiento de la juez Núñez Bolaños o el archivo, por dos veces desautorizado, del caso Aznalcóllar; el comportamiento inicuo del exjuez Garzón, la conducta del juez de Prada y de otros muchos… Ah, y fíjense en toda una ministra de Justicia entrometiéndose ante el Gobierno italiano por el caso de Juana Rivas, condenada en España. Así podríamos retroceder hasta la sentencia de Rumasa y la famosa expresión de que Montesquieu había muerto, falsa expresión, porque en realidad lo estaban matando. Y siguen en ello.
Ya no puedo quitarme de encima la sensación de que el desarrollo de nuestra Constitución, por buena que fuera la intención de sus hacedores, ha degenerado hasta la construcción de poderes fácticos que se sitúan al margen de los ciudadanos y su capacidad de control. Los partidos son una casta inexpugnable entrelazada, cada vez más, con las castas fácticas.Ni siquiera el poder judicial, que es quien debería ajustar el comportamiento de los demás poderes a la Ley, ha escapado a su dominio.
El círculo es muy vicioso. Son los partidos los que deberían devolver a la Justicia la situación de independencia constitucional, cuando menos relativa, que nunca debió perder y que perdió gracias al PSOE en 1985 (también, luego, gracias al PP). Pero son los partidos, nuevos señores feudales que controlan vidas y haciendas, los que no están interesados en la recuperación del prestigio de la Justicia. Por ello, se está cumpliendo el destino de que el Consejo General del Poder Judicial se haya convertido en un elemento más de la lucha política partidista, como hipócritamente advirtió el Tribunal Constitucional cuando avaló que fueran los diputados y senadores de los partidos en las Cortes Generales quienes designaran a los miembros del CGPJ. De ahí para abajo y en cascada, sólo fue cosa de coser y cantar.
Va camino de ser cierto que "la ley es el método más fácil de ejercer la tiranía" de la casta política en su conjunto que no ha querido, ni quiere, al parecer, acabar con este estado de cosas. Por ello, en estas próximas elecciones, en las que están en juego España y su destino, es imprescindible que conozcamos también si hay algún partido que quiera de verdad que haya una Justicia que emane "del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley", que es lo que dice originalmente la Constitución y ha sido pervertido por las interpretaciones partidistas.
Amando de Miguel me descubrió a Colacho, el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, que, según sus estudiosos, entendía que la Justicia tendía "espontáneamente hacia el absolutismo", sobre todo por no tener el valor de estar constituida por jueces insobornables. Hoy que, gracias a la metamorfosis de los partidos en casta superior, todo es politiqueo, que no política de altura, los ciudadanos no somos más que incautos que, eso sí, seguimos creyendo en la Razón, el Progreso y la Justicia, las tres virtudes teologales del tonto (Colacho dixit).