Registros discriminatorios frente al sentido común y la eficiencia

Como ya sabemos, los momentos tan duros que vivimos desde que se desató la enfermedad provocada por el coronavirus tienen una doble vertiente, la sanitaria y la económica. La nefasta gestión del Gobierno de Sánchez, al no tomar medidas tempranas, como el cierre de las fronteras con China y otras medidas ágiles y rápidas, a finales de enero, llevó al cierre prácticamente completo de la economía, ante un Ejecutivo superado por los acontecimientos, que recurrió al encierro más duro de la población que hubo en toda la Unión Europea, solución medieval donde las haya, a la que hubo que llegar por la mala gestión de la mayoría de gobiernos y donde, en especial, el Gobierno español destacó por ser el más pésimo de todos.

Durante aquellos días, en los que el conjunto de Europa no quiso meditar sobre las duras consecuencias que tendría un cierre productivo, para valorar el grado de las medidas de cierre, Sánchez fue varios pasos más allá que ninguno y alardeaba de su dureza en lo que erróneamente dio en llamar "confinamiento". Desde entonces, sólo empleó grandes eslóganes y anuncios propagandísticos, mientras restringía hasta límites insospechados las libertades fundamentales de los españoles, al tiempo que provocaba la pérdida de casi un millón de empleos, con otros más de tres millones de ciudadanos en ERTE, donde todavía queda alrededor de un millón de personas, en lo que fue el inicio de la ruina a la que nos está llevando con su pésima gestión. Todo ello, convenientemente envuelto de un ejercicio de propaganda, con el que pretendía anestesiar a los españoles.

Posteriormente, con los fondos que la Unión Europea ha adjudicado a España, ha tratado de resolver el entuerto que su gestión ha originado, pero sus planes pasan por la sostenibilidad medioambiental y temas similares, que ahora mismo no son los más urgentes que tienen los cientos de miles de familias que ven cómo se les acaban los recursos para poder alimentarse, muchas de las cuales se encuentran, desgraciadamente, haciendo fila en las colas del hambre, que lamentablemente han vuelto a España.

Además de esa pésima gestión, tanto sanitaria como económica, de abusar del estado de alarma, con una suspensión de libertades más propias de un estado de excepción que del de alarma, y con los discursos diarios de los ministros, los comentarios políticos de quien tendría que ser un técnico -Fernando Simón- y la alocución semanal del presidente del Gobierno, desistió de sus responsabilidades y cuando permitió salir a los españoles del encierro al que los obligó, dejó la responsabilidad de la gestión de la crisis en manos de las Comunidades Autónomas.

Pues bien, las regiones, dentro de sus competencias, pues no tienen, lógicamente, las mismas herramientas jurídicas para actuar que el Gobierno central, podían tener sentido común y buscar la gestión de la manera más eficiente, con prudencia pero con determinación para recuperar la economía, o seguir el camino de la propaganda, la actuación mediática, pero poco efectiva para luchar contra la crisis, y tratar de cubrirse ellos mismos con sus actuaciones aunque no sirvan realmente para mucho.

Desgraciadamente, la mayoría de las regiones han optado por secundar a Sánchez en su actuación: la propaganda es diferente, pero sólo se gestiona de cara a los medios de comunicación y a lo que pueda reportar votos en unas próximas elecciones en lugar de hacerlo para luchar de manera clara contra la crisis. Se ha arruinado la economía, con cerca de cinco millones de parados -entre los así recogidos en la EPA y el más de un millón que lo son pero que se clasifican como inactivos por no haber podido estar buscando trabajo durante el encierro- un millón más que permanece sujeto a un ERTE, sin saber si podrán reincorporarse, más los cientos de miles que pueden perderlo tras un posible cierre de empresas que han reabierto pero que ven que los números, debido a las restricciones, a la inseguridad e incertidumbre, y al pánico de la población por las informaciones parciales que dan los políticos, no les cuadran. No se dice que el número de contagiados es, en media diaria, como el que hubo durante el encierro, pero que el número de fallecidos diarios, en media, es inferior al 3% del que hubo durante el estado de alarma, que la sanidad no está colapsada, como lo estuvo entonces, y que este último fue, realmente, el motivo de que el número de defunciones se multiplicase en España por cinco o por seis.

En esa línea equivocada, nos encontramos con el registro obligatorio para viajeros llegados de otros lugares impuesto en Galicia. Podría ser una magnífica medida de rastreo y detección temprana de potenciales contagios si fuese eso, un rastreo, y si, para ello, se hiciese registrar a todos los visitantes que recibe, con independencia de donde viniesen. La medida se vende como una forma de protección a los propios viajeros, además de a los residentes, pero no es tal cosa, porque si lo fuese se aplicaría a todos y no sólo a los habitantes de regiones que la Xunta considera que tienen un nivel de contagio cuatro veces superior al de Galicia, generando una lista discriminatoria. Dejando aparte las dudas de que dicha discriminación sea constitucional, aunque imagino que los servicios jurídicos de la Xunta tendrán estudiado el asunto a fondo y habrán encontrado el resquicio legal para ello, dicha medida será poco efectiva. Y lo será porque, como digo, no registra a todos los visitantes, con lo que los procedentes de otros lugares que no están en lo que parece más una lista negra que una lista de prevención, podrían enfermar y no poder acotar el contagio por esa vía. Tampoco lo será porque se lleva a cabo un registro, pero no un rastreo. Y no servirá de nada porque el registro, recogido en esa lista discriminatoria, se basa en el lugar de residencia, y no de procedencia.

Lo he comprobado personalmente. Tras estar unos días en Asturias, llegué a Galicia, donde siempre paso unos días en mi veraneo desde hace muchísimo tiempo, tanto que era muy pequeño cuando acudí por primera vez a dicha región con mis padres. Al llegar ahora, la web que la Xunta ha habilitado a tales efectos no deja claro las distintas posibilidades. Yo había pasado seis días en Asturias, tras salir de Madrid, y pregunté si había de inscribirme o no, al llegar de Asturias, y si lo hacía, si había de indicar que procedía de Asturias o de Madrid. Le dije que como se especificaban catorce días, de ellos, los ocho primeros los había pasado en Madrid y los siguientes en la región asturiana. A ello, me contestaron que ese período era para personas que habían visitado otros países, y que no se sabía el número de días que aplicaba para los procedentes de otros lugares de España. Sin saber mucho qué decirme y tras varias consultas, la persona que amable y educadamente me atendió, todo hay que decirlo, me dijo que pusiese mi lugar de residencia y especificase que había estado los últimos días en Asturias, y me confirmó que el criterio era el lugar de residencia y no el de procedencia.

Por tanto, si un madrileño va a Galicia desde Asturias, ha de inscribirse, pero un asturiano que vaya a Galicia desde Madrid, parece que no, o un gallego que llegue desde Madrid, si en su DNI aparece que reside en Galicia, tampoco parece que esté obligado a ello. Por tanto, es complicado que la medida sea efectiva, sino más bien mediática. Da la sensación de que la medida es envuelta más por la propaganda, que trata de establecer un cortafuegos por si se disparasen allí los casos, dando a entender que habría sido inevitable, porque medidas se habían tomado o, lo que es peor, que los casos no se deben a la gestión autóctona, sino a que se llevan de otros lugares.

Galicia, que es una región muy bien gestionada con carácter general, se equivoca radicalmente en esta discriminación. Son varias las regiones que tiene incluidas en dicha lista perversa: Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid. La inclusión recientemente de la región madrileña no es baladí, pues por parte de algunas regiones -de los políticos de algunas regiones, más bien-, se pudo llegar a alimentar en primavera con comentarios poco oportunos una cierta animadversión contra los madrileños, de manera absurda.

España tiene su riqueza en la solidaridad nacional, ejercida por sus regiones a través del Estado Autonómico. Querer levantar barreras a las llegadas de ciudadanos de otras regiones, pues una barrera es incluirlos en dicha lista, es contraproducente para la propia región, que si tiene una menor incidencia de casos se debe, en gran parte, a la alta dispersión de población que tiene, que actúa como elemento que limita la propagación de este virus. Si la crítica a Sánchez fue generalizada por imponer una cuarentena en junio a los visitantes de otros países, que, claramente, produjo que esos potenciales turistas no viniesen, esta lista supone un freno a la llegada a Galicia de personas de esas regiones, perjudicando su economía, desarrollo, empleo, bienestar y prosperidad.

Madrid no ha tenido más casos de coronavirus por una mala gestión, sino porque tiene una alta densidad de población y es el epicentro de los negocios en España, además de ser el más importante nudo de comunicaciones. Si todas las regiones afectadas empezasen a aplicar esta reciprocidad con Galicia, España daría un paso más hacia su desmantelamiento como estructura de solidaridad nacional.

Si una región sufre un grave incendio, el resto de regiones está para ayudarla, como se ha ayudado a Galicia en los terribles incendios que ha tenido durante tantos años, como, por ejemplo, en 2017, cuando Madrid envió varios destacamentos de bomberos. Si un ciudadano, sea de Galicia o de cualquier otra parte de España, tiene una determinada enfermedad y tiene que tratarse u operarse en Madrid, por ejemplo, porque tiene el mejor servicio en dicha especialidad, puede hacerlo, porque para eso somos una nación unida, como solidaria fue la propia Xunta cuando envió respiradores a Madrid al inicio de la pandemia, con lo que todavía se entiende menos el que la Xunta ahora impulse esta lista, que si fuese para todos, insisto, sería positiva, pero de esta manera no sólo es discriminatoria, sino que no es eficiente.

Y si hay regiones más prósperas y otras menos, se ejerce la solidaridad interterritorial a través del Sistema de Financiación Autonómica, que con todas sus imperfecciones y perjuicios a algunas regiones, funciona para que los ciudadanos de toda España tengan garantizados unos servicios esenciales estándares. Así, por ejemplo, con los datos definitivos del año 2018 del Sistema de Financiación Autonómica, sumando las entregas a cuenta de 2018 más su liquidación definitiva, Galicia recibió del sistema 1.502,49 millones de euros del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, el considerado oficiosamente -pues el dinero no es finalista- para cubrir la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Por su parte, Madrid, como región más próspera, aportó en ese año a dicho fondo 4.039,32 millones de euros. De esa forma, los madrileños aportaron solidariamente esos fondos para que los recibiesen regiones como Galicia y así pudiesen sufragar sus servicios esenciales, como la Sanidad.

Así es y así debe ser. Por eso, es un error levantar barreras insolidarias más propias de otros lugares y no de Galicia, ni espantar a sus visitantes con listas discriminatorias, pues irá en detrimento de la economía gallega o de la región que levante esas barreras. Al igual que en la Teoría de la Elección Pública se aprende que los ciudadanos pueden votar con los pies, buscando mejores servicios y menores cargas fiscales, el consumidor también puede votar con los pies, pues es soberano en sus decisiones, irse de Galicia como lugar de veraneo y no volver, al no sentirse bien recibido. Una decisión política habría, así, afectado negativamente, a la economía, pues hay que recordar, por ejemplo, que como señala Exceltur, Madrid es la región que lidera el número de viajes a Galicia desde lugares del resto de España, con un 22% del total.

Como dato curioso, el coronavirus ha incorporado el español en la información en Galicia sobre la pandemia. En la bella tierra gallega, en el mejor de los casos se ven muchos carteles, anuncios o informaciones oficiales de manera bilingüe, en gallego y español, por ese orden. En muchos otros, sólo en gallego, desde la indicación municipal a la entrada de un aparcamiento público, los letreros de la sanidad, el enlace directo inicial de la web de la Xunta o la atención telefónica de la misma. Pues bien, en lo relativo al coronavirus no es que se haya incorporado el español, sino que es directamente en español, desde los carteles de la Xunta que hay por las carreteras, los carteles de cómo acceder a las playas, las inscripciones en las aceras que recuerdan que hay que circular por la derecha, la atención inicial en el teléfono de información sobre la enfermedad o el enlace directo para el registro de la mencionada lista. Parece ser que para lo importante sí que se ha incorporado la cooficialidad, incluso más allá, lo que no deja de ser curioso, aunque sea agradable poder enterarte en tu propio país de las indicaciones oficiales. Por lo menos, algo bueno nos encontramos dentro de todo esto.

La Xunta debería rectificar y no continuar con medidas populistas y de propaganda, y menos con listas discriminatorias. Si quiere ser eficiente, que haga seguimiento de todos los viajeros y de los residentes, que es lo que permite responder rápido para frenar la propagación. La Xunta tiene experiencia de sobra en gestión para hacerlo mejor que Sánchez, como ha demostrado en múltiples ocasiones, y no necesita hacer seguidismo equivocado de la propaganda del presidente del Gobierno, que sólo nos ha llevado al abismo. Confiemos que así sea y que la Xunta vuelva por la senda de la eficiencia a la que nos tiene acostumbrados.