El resultado de las elecciones catalanas permite ver, como si fuera un corte geológico, la historia y el naufragio de dos intentos de frenar al nacionalismo que se han producido en nuestro país. Se comprende así por qué, a pesar de que el nacionalismo era algo minoritario hace no tantos años, ha acabado convertido en la fuerza predominante de la política española.
Salvo en el PSOE, y por razones que ahora no vienen a cuento, apenas queda nada del primaveral optimismo que veía en los nacionalismos una fuerza de construcción del Estado español y en el Estado de las Autonomías el elemento básico de la democracia liberal y parlamentaria. En su momento, el Estado de las Autonomías iba a ser el dique de contención contra unos nacionalismos dispuestos a contentarse con las competencias cedidas por el Estado español. Sobrevive un rastro de aquella actitud en el desconcierto de un Partido Popular que no sabe qué hacer con esa forma de Estado, ahora que ha quedado demostrado que las Autonomías, por lo menos en su forma actual, no sólo no han detenido al nacionalismo, sino que lo han fomentado. Durante esta campaña, y probablemente antes, el Partido Popular cayó en la tentación de asumir el papel de federación de fuerzas regionales, con Génova al frente del conglomerado de intereses locales. No le correspondía ni le corresponde ahora, y el escaso éxito del PP se debe a no haber sacado las consecuencias de la nueva situación, como pareció que estaba dispuesto a hacer con la renovación interna que siguió a la caída de Rajoy.
Las elecciones catalanas también han puesto en evidencia la quiebra de otra forma de oposición al nacionalismo, aquella que se basa en el constitucionalismo. El constitucionalismo intentó contrarrestar el nacionalismo sin profundizar en la idea de nación ni en la idea de España. La frivolidad de Ciudadanos al marcharse de Cataluña como hicieron después de ganar las elecciones de 2017 puede explicarse de muchas maneras. Una de ellas, probablemente la más verosímil, es la inconsistencia de una posición que intenta evitar la idea de nación –de España–, como si fuera peligrosa y comprometiera la nobleza de la causa antinacionalista. Ahora bien, ni la Constitución –demasiado abstracta– basta para articular una comunidad política capaz de neutralizar las pulsiones nacionalistas, ni a los nacionalistas les importa la Constitución: lo que quieren es acabar con España. Por eso el constitucionalismo no sirve para resistir al avance del nacionalismo, ni sirve tampoco para elaborar una alternativa.
Eso sí, el constitucionalismo, como antes el Estado de las Autonomías, permite soslayar la elaboración de un proyecto nacional. Lo más asombroso ha sido ver a miembros del PP impartiendo doctrina sobre nacionalismo español, como si la reivindicación de España y el amor al propio país fueran equiparables a la esencia excluyente y violenta del nacionalismo. Son lo contrario, precisamente, y sólo desde la afirmación de la nación, la afirmación de una comunidad política nacional –es decir, plural y tolerante–, se puede combatir al nacionalismo. Las democracias sólo se sustentan en naciones, naciones con todas sus consecuencias. En nuestro país se ha intentado demostrar lo contrario, con resultados que están a la vista de todos: en Cataluña, en el País Vasco y en el resto de ese Estado compuesto o de esa nación de naciones (ocho, por lo visto) que ya se está poniendo en marcha. En cuanto a la nación, por el momento, no se ha ensayado.