En su política de pasar página de lo que ha supuesto la actividad criminal de ETA, una vez que la banda terrorista ha dejado de matar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado en los últimos días un paso muy importante y significativo: el traspaso de las prisiones ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca al Gobierno vasco, donde manda el PNV y el PSE ejerce de muletilla del nacionalismo.
Sánchez entrega al PNV las llaves de las cárceles vascas, por lo que no es muy arriesgado aventurar que en un plazo relativamente corto las víctimas del terrorismo en particular y la sociedad española en general sufrirán una nueva afrenta y podrán asistir al goteo incesante de excarcelaciones –en régimen de semilibertad o en libertad total– de todos aquellos terroristas de ETA responsables directos de o colaboradores necesarios en los 857 asesinatos de personas inocentes a lo largo de 50 años.
Como Sánchez y su maquinaria de propaganda instalada en la Moncloa saben que esta es una cuestión sobre la que la sociedad española tiene todavía una alta sensibilidad, no firmarán con el Gobierno vasco este acuerdo hasta el 10 de mayo, es decir, una vez celebradas las elecciones autonómicas en Madrid. ¿Temor a un castigo electoral? ¿Vergüenza?
Es igual. Tanto el PP como Vox deberían recordar continuamente durante la campaña electoral que Madrid ha sido, después del País Vasco, la comunidad autónoma donde ETA más ha asesinado: concretamente a 123 personas, con atentados tan sangrientos como el cometido el 14 de julio de 1986 contra un convoy de la Guardia Civil en la Plaza de la República Dominicana (12 muertos) o el perpetrado contra un vehículo del Ejército el 21 de junio de 1993 en la Glorieta de López de Hoyos (7 muertos). Cuando vayan a votar el próximo 4 de mayo, los madrileños no deberían perder de vista este hecho: el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE es el máximo responsable de estas políticas complacientes con los presos de ETA y con los herederos políticos de la banda terrorista. A estos les trata como si fueran un partido más, llega a acuerdos con ellos en el Congreso o busca su apoyo para gobernar en Navarra.
El PNV, que durante muchos años –cuando ETA mataba un día sí y otro también– nunca reclamó ante los diversos Gobiernos centrales esta competencia de gestionar las prisiones vascas, porque no la quería en ese clima de violencia criminal, ahora la recibe con los brazos abiertos, y no cabe duda de que será un instrumento que utilizará en su lucha partidista con Bildu. Un instrumento que, bien aplicado, le hará aparecer ante su parroquia e incluso ante la izquierda abertzale como el padre de la parábola que acoge con gozo la vuelta a casa de su hijo descarriado y le llena de agasajos.
Cuando quedan todavía más de 300 crímenes de ETA por resolver; cuando de una forma periódica se producen los homenajes a los etarras que vuelven a sus localidades de origen; después de haber estado acercando semanalmente desde hace meses a presos de ETA a cárceles vascas o ubicadas cerca del País Vasco, el presidente del Gobierno da un paso más: que sea el PNV el que consume la jugada. “Presoak kalera, amnistia osoa” (“Presos a la calle, amnistía total”) ha sido una consigna constantemente repetida en las manifestaciones del mundo abertzale. La amnistía ya se llevó a cabo en 1977, y todos los presos de ETA salieron a la calle. Cuarenta y cuatro años después, y con centenares de asesinatos a sus espaldas, los terroristas están a punto de conseguirlo de nuevo, esta vez sin necesidad de ninguna ley de amnistía.
¡Qué solas se han quedado las víctimas! Y todavía habrá políticos necios que seguirán repitiendo el mantra de que ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho.