La degradación de las instituciones

El que una ministra que ocupa asiento en el Consejo de Ministros del Reino de España acuse al Tribunal Supremo de prevaricar es de una gravedad tal que, en una democracia normal, el que tiene la facultad para nombrar y cesar a los ministros, es decir el Presidente del Gobierno, debería haberla cesado de forma fulminante nada más cometer ese presunto delito, del que es de esperar de cuentas ante la Justicia y, como la ministra es aforada, lo tendría que hacer precisamente ante el Tribunal Supremo. Entonces se va a enterar Ione Belarra lo que "vale un peine". No se puede ser tan frívola como la ministra, asidua a la red social Twitter, en la que critica con frecuencia a sus compañeros de gobierno. Que se lo pregunten sino a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que tomó en su día una decisión inteligente: no perder el tiempo contestando a las ocurrencias de Belarra.

Lo de menos son las peleas, los enfrentamientos, las discrepancias que puedan darse entre los socios de la coalición social-comunista que conforman el gobierno Frankenstein, adjetivo, conviene recordar, que le puso el tan recordado en el reciente Congreso del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si la cosa quedara en eso, no tendría mayor relevancia política. Ambos socios se necesitan y al final no pasará nada ni habrá ninguna ruptura.

El problema es que esa batalla interna entre PSOE y Podemos, que en muchas ocasiones es más de egos que otra cosa, salpica, y de que forma a las Instituciones. Un día se cuestiona desde el ejecutivo una resolución del Tribunal Constitucional que declara que no se ajustaba a la ley el primer estado de alarma; otro se critica una sentencia del Tribunal de Cuentas porque afecta a la hoja de ruta que Sánchez ha trazado para su negociación con los independentistas catalanes, y otro se acaba acusando al Tribunal Supremo de prevaricar por exigir a la Presidenta de Congreso -tercera autoridad del Estado- que ejecute una sentencia del Alto Tribunal que inhabilitaba a un diputado de Podemos al haber sido condenado tras patear a un policía en una manifestación.

La degradación de las Instituciones que conforman nuestro Estado de Derecho está siendo con este gobierno Frankenstein de un tenor brutal. Nunca antes se había llegado tan lejos desde uno de los poderes del Estado, el ejecutivo, al criticar o cuestionar la labor de los otros poderes o de Instituciones que dependen de alguno de ellos. El daño que se está haciendo al sistema democrático es muy grave, y en este caso, se sabe cómo empieza y también como puede acabar este proceso.

El único poder del Estado que el gobierno no tiene "controlado" al cien por cien es el judicial. Y menos mal que es así. Por eso se entiende muy mal que el PP se haya plegado a negociar con el PSOE la renovación de algunas Instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional, que, sin ser un tribunal de justicia propiamente dicho, sin embargo, sus resoluciones sobre las cuestiones de calado político que llegan a su mesa, si que tienen mucha relevancia.

De momento el PP no ha entrado a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado ha sido muy tajante al respecto: no habrá negociación mientras que el PSOE no acepte modificar la forma de elegir a los vocales del CGPJ. Seguro que el líder del PP está teniendo muchas presiones, también de los suyos, para que de un paso adelante y se avenga a negociar esa renovación sin más. Craso error cometería si hiciera eso, porque pondría en bandeja al gobierno social-comunista del PSOE y Podemos el control en el nombramiento de jueces en puestos clave como pueden ser la Audiencia Nacional o en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Casado debe resistir, porque, a día de hoy el único poder que puede incomodar a este ejecutivo, es el judicial. Y tal como están las cosas, eso no es una cosa menor