El Ministerio de Igualdad, a muerte contra el Estado de Derecho

Parecía difícil superar el formidable atentado contra el Estado de Derecho que constituye la mal llamada Ley contra la Violencia de Género, con su injustificable menoscabo de la presunción de inocencia y de la no discriminación por razón de sexo. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, está decidido a conseguirlo con la aberrante Resolución 20570, publicada este lunes en el BOE, según la cual tendrá consideración administrativa de "víctima de violencia de género" –con su consiguiente derecho a privilegios laborales, asistencia jurídica y una remuneración de más de 400 euros mensuales durante año y medio– toda mujer que, simplemente, se declare... víctima de violencia de género; es decir, sin que ningún tribunal la declare como tal y sin que presente siquiera denuncia alguna.

Así, podrá tener consideración de víctima toda mujer que se encuentre "en proceso de toma de decisión de denunciar" (sic); también, aquellas cuyas denuncias "hayan quedado archivadas o sobreseídas"; las que declaren ser víctimas de maltrato por parte de hombres ya fallecidos; incluso mujeres "cuyas órdenes de protección hayan quedado inactivas al no estar ya en vigor o por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de violencia".

Habida cuenta de que este bodrio antijurídico no reconoce un principio elemental como el que exige, precisamente, la existencia probada del delito para poder dictaminar que hay autores y víctimas del mismo; y de que la falta de escrúpulos no conoce de sexos –como la violencia–, no es de extrañar que pueda darse el caso de que haya mujeres, animadas por sus propios maridos o compañeros sentimentales, que se declaren falsamente víctimas de violencia de género, ya que no les será necesario llegar a presentar denuncia, o, presentándola, que el hombre sea declarado culpable para percibir un estipendio. Eso, por no hablar de los demás privilegios asociados a esta chapucera y ofensiva consideración administrativa de "víctima de violencia de género", como la " reducción de la jornada de trabajo", el "derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia" o "las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivadas de una violencia de género".

Jamás el Boletín Oficial del Estado había dado cabida a semejante menosprecio a los tribunales ni a tamaña incitación a la prevaricación administrativa y a la malversación de caudales públicos.

Sólo pensando que cree muy posible llegar a un acuerdo con el PP sobre el CGPJ tal y como desgraciadamente ya ha logrado sobre el Tribunal Constitucional se puede entender que el Gobierno aspire a que este engendro anticonstitucional pueda tener recorrido. En este sentido, si oprobioso es que el Gobierno publique en el BOE esta fechoría, no lo es menos el estupefaciente escaqueo de una oposición que dice defender la democracia liberal.