Lo que no se puede es prorrogar la politización de la Justicia

No faltarán quienes sostengan que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha dirigido duras críticas tanto al PSOE como al PP respecto a la falta de renovación del máximo órgano de gobierno de los Jueces durante su discurso de apertura del año judicial. Así, el hecho de que Lesmes haya sido muy crítico con la "insostenible" situación de interinidad del CGPJ o que haya reclamado de "forma pública y solemne" a Sánchez y Feijóo que se reúnan "con urgencia" para llevar a cabo su renovación podrá ser visto como un espaldarazo a las tesis del PSOE, según la cual es el PP el partido que está bloqueando la situación. Ahora bien: el hecho de que Lesmes haya reclamado también que, en el caso de no ser renovado, el CGPJ "sea restituido en la plenitud de sus competencias" o que también haya considerado "ineludible" una reforma del modelo de elección de los vocales del CGPJ puede ser visto como un respaldo a la postura del del PP, que reclama, un tanto vagamente, un cambio legislativo previo para que la cúpula del Poder Legislativo no sea una mera correa de transmisión del poder legislativo.

El problema es que la aparente equidistancia de Lesmes entre las pretensiones del PSOE y las del PP es, en la práctica, una cesión a las pretensiones de Pedro Sánchez para hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Y es que, en este caso, el orden de los factores sí altera, y de forma decisiva, el producto. Así, no es lo mismo reclamar la inmediata restitución de competencias para el CGPJ para que pueda hacer nombramientos aun estando en situación de interinidad; abordar inmediatamente después una reforma legislativa acorde al principio de separación de poderes de tal forma que "al menos la mitad de los miembros del Consejo" sean "jueces elegidos por sus pares", tal y como nos reclama la UE o el burlado articulo articulo 122.3 de la Constitución; y finalmente proceder a la renovación del gobierno de los jueces, que empezar por esto último bajo el amparo de la actual ley que nos desacredita como Estado de derecho y que hace de la designación de la cúpula del Poder Judicial un cambalache y un intercambio de cromos entre las principales formaciones políticas.

Ante este panorama, Feijóo no es que pueda, es que debe inmediatamente reunirse con Sánchez pero para reclamarle la inmediata restitución de competencias del CGPJ y la no menos urgente modificación del sistema de elección de sus miembros para cumplir con ese imperativo constitucional y europeo que nos reclama la observancia del principio de separación de poderes. A este respecto, nada más prudente y responsable que el líder del PP siguiera el sensato consejo de Santiago Abascal consistente en "no dar oxígeno" a un Pedro Sánchez tan entregado a ERC y a Bildu como empecinado en hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Afortunadamente, parece que hay al menos nueve vocales del CGPJ que no están por la labor de prestarse a tamaña operación de control del TC por parte de un gobierno y de sus aliados abiertamente contrarios al orden constitucional.

Ahora bien. Si el PP no hace pedagogía política en este asunto y no denuncia, día sí y día también, que la lamentable situación de bloqueo del CGPJ se debe al empecinamiento del PSOE por prorrogar la bochornosa designación política de sus miembros, será cuestión de tiempo que Feijóo se avenga a un apaño con los socialistas que, lejos de avenirse a "resucitar a Montesquieu", lo que harán es avenirse a cualquier exigencia que les hagan sus socios separatistas y antisistema.

En cuanto a Lesmes, si no ve que lo más prioritario es la separación de poderes, que se deje de veladas amenazas y que presente, urgentemente, su dimisión.