Cataluña es una autonomía fallida, una región en ruinas, desolada y ahogada por las deudas y facturas de cuarenta años de nacionalismo, con las instituciones políticas convertidas en auténticos chiringuitos de los partidos independentistas, entregados sus principales dirigentes a un descarnado y descarado navajeo, un despiadado ajuste de cuentas trasladado de las cárceles al palacio de la Generalidad y el Parlament. ERC y Junts per Catalunya (JxCat) sólo se ponen de acuerdo cuando se trata de perseguir el idioma español, de discriminar a más de la mitad de la población pisoteando sus derechos civiles. En todo lo demás, libran una lucha sin cuartel que también tiene gravísimas consecuencias en las vidas y futuro de los ciudadanos.
El espectáculo de las últimas horas, el cese del vicepresidente de JxCat en el Govern, la voladura descontrolada de la Generalidad ordenada por Junqueras y ejecutada por Aragonès y los lloriqueos y lamentos de los posconvergentes no son más que otra muestra de la pavorosa naturaleza de los separatistas, de su falta de respeto hasta por sus propios electores y de la verdadera catadura de tales sujetos, capaces de transformar la Generalidad y el parlamento autonómico en dos muladares donde dirimir sus obscenos y delictivos enfrentamientos sobre la estrategia para dar otro golpe de Estado.
La región no levanta cabeza desde el inicio de la última fase del llamado "Procés", ahora hace diez años. Destruyeron la convivencia y la economía, enfrentaron a la sociedad, han excluido y estigmatizado a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, han ahuyentado a los inversores y a los emprendedores y mantienen la presión fiscal más alta de toda España para financiar delirios como el de las "embajadas", el "exilio" de Waterloo o la exclusión del español en la enseñanza obligatoria. Han arrasado las instituciones, han arruinado a miles de personas, condenado al paro a otras miles y en vez de gobernar para toda la sociedad y no sólo para los separatistas, se dedican a dirimir sus diferencias mientras la población sufre las consecuencias de la inflación, de la voracidad fiscal de la administración regional y del absoluto desgobierno.
La Generalidad de Cataluña es tierra quemada, igual que la cámara autonómica. Los separatistas las han vaciado de toda legitimidad. Son meras plataformas partidistas ante las que no muestran el más mínimo respeto. La degeneración es de tal envergadura que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no sólo serviría para restaurar un mínimo de dignidad institucional sino que evitaría el degradante sainete de los últimos días, con un presidente de la Generalidad teledirigido por Junqueras y un partido, JxCat, en manos de prófugos, indultados y una procesada por corrupción. Ese es el nivel.
Corromper, enfrentar, dividir, esquilmar y odiar forman parte de la naturaleza del separatismo, por lo que no es nada extraño el comportamiento de los responsables de ERC y JxCat, cuyo enfrentamiento es previo al golpe de Estado, se agudizó después y ha llegado ahora al paroxismo. En los cinco años que se cumplen ahora del golpe independentista, la política catalana ha agudizado la espiral destructiva. La situación no sólo es vergonzosa e intolerable. Es insostenible y está causando estragos en la sociedad.
La persecución del español, la discriminación de sus hablantes, el acoso en las escuelas, el totalitarismo nacionalista, las mentiras reiteradas sobre la independencia, el envenenamiento ideológico de la población, el supremacismo separatista, la inseguridad creciente, la tolerancia de las autoridades autonómicas y locales con okupas, traficantes y demás delincuentes... Cataluña está fuera de control mientras el Gobierno negocia con ERC la erradicación del español, la impunidad para los golpistas y un referéndum que destruya definitivamente esa parte de España. Es imprescindible una enérgica y decidida actuación de los poderes del Estado. Por desgracia, una parte sustancial de esos poderes considera que los golpistas se anulan a sí mismos, sin calibrar los destrozos y sus efectos, mientras el Gobierno trata de culminar la intentona separatista de 2017.