Tal y como hemos revelado en Libertad Digital, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña mantiene abierto un canal por videoconferencia con Oriol Junqueras y Marta Rovira durante las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados. La anomalía no radica únicamente en el fraude que supone la participación de personas que no tienen la condición de diputados, sino que, además, los dos personajes que toman las decisiones del grupo separatista están, bien condenados por la Justicia, caso de Junqueras, bien huidos de ella como ocurre con la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Oriol Junqueras no puede participar en política porque su condena establece una inhabilitación absoluta de 13 años como castigo accesorio al margen del indulto concedido por el Gobierno, que afecta únicamente a la pena de prisión. Su participación activa en el Congreso de los Diputados, donde se dirimen diariamente asuntos tan sensibles como las inversiones en Cataluña en detrimento de otras regiones, la capacidad operativa de la Guardia Civil en esa comunidad autónoma o la inminente reforma del Código Penal para rebajar la pena por sedición, precisamente el delito por el que fue condenado el propio Junqueras, es una vulneración flagrante de los términos de su condena y un insulto a todos los españoles en la propia sede de la soberanía nacional.
En cuanto a Marta Rovira, es evidente que una prófuga como ella no puede determinar el curso de la legislatura, decidiendo el voto de un grupo parlamentario que cuenta con 13 escaños, salvo que salde sus cuentas con la Justicia, se presente a las elecciones si la sentencia que recaiga se lo permite y, en su caso, salga elegida.
Ambos dirigentes separatistas actúan como si estuvieran por encima de la Justicia, algo que, por desgracia, no dista mucho de la realidad a la vista de cómo los trata el Gobierno socialcomunista. Sánchez depende de la voluntad de los golpistas para mantener viva una legislatura que se agota a pasos acelerados y que tiene en la aprobación de los presupuestos generales de 2023 su principal escollo, para cuya superación está dispuesto a llegar a las cotas más infames de indignidad política.
La oposición debe activar los mecanismos de control de la Cámara Baja para impedir este fraude de ley, que permite a un condenado y una delincuente en busca y captura tomar decisiones en la sede de la soberanía nacional, con la desvergüenza habitual de los separatistas cuando saben que tienen al Gobierno de España a sus pies.