Hace cientos de años, en los albores del estado moderno, los nobles y señores feudales eran incapaces de proveer a sus protegidos –todavía no eran ciudadanos– de seguridad y de servicios en un mundo que crecía a gran velocidad. Siendo esta la única razón por la que ostentaban privilegios, vasallos y los señores llegaron a un acuerdo con los monarcas: estos protegerían a sus estados de los enemigos y para ello necesitaban aglutinar el poder político.
Pero los señores no se fiaban mucho de esos nuevos reyes, que habían sido primus inter pares, y pidieron una contraprestación. Se crearon tribunales y leyes que tenían como objetivo protegernos de los gobiernos. Así se estableció en la Carta Magna en 1215, y bajo este acuerdo se implementaron los estados y sus gobiernos.
Lo que resultaba temible, no era que los regímenes políticos fueran absolutos o democráticos, sino que los gobiernos fueran grandes y estuvieran por encima de las leyes y los tribunales, y por esta razón se crearon mecanismos de control, lo que en teoría política llamamos división de poderes, que estructuró Montesquieu.
De los soviets a Hitler
Los estados evolucionaron y surgieron nuevos poderes: el económico, la prensa, los sindicatos y de todos ellos también había que proteger a los ciudadanos indefensos. El instrumento clave para conseguir este propósito era su independencia para que no pudieran hacer piña contra los individuos. Por eso, todos los regímenes autoritarios de la historia contemporánea han pretendido politizar y controlar todos los mecanismos de contrapoder; monopolizarlos y ponerlos al servicio de su causa bajo la amenaza de ser tachados de antisistema.
Lo primero que hicieron los soviets al llegar al poder fue desmontar la Justicia y crear los tribunales populares, que no tenían como función hacer justicia, sino maquillar el crimen y la extorsión. Y exactamente lo mismo hizo Hitler al alcanzar el poder absoluto. Ya decía Francisco de Quevedo que "donde hay poca justicia es un peligro tener razón", y este es el objetivo que tiene erosionar a la Justicia: evitar el triunfo de la razón.
Lo que hoy vivimos en España es consecuencia de un denodado y continuado esfuerzo de la clase política por politizar todo, de tal manera que un cambio de ciclo electoral no solo supone un cambio de gobierno, sino también de empresas boyantes, de sindicatos fortalecidos, de nuevas alianzas internacionales, de medios de comunicación que crecen como la espuma a medida que sus loas al gobierno de turno inundan sus portadas.
El instrumento de los débiles
No podemos olvidar que el derecho es el instrumento de los débiles para controlar al gobierno, y sus tribunales no pueden ser dependientes de aquel que pretenden controlar, ni sus miembros pueden ser recusados, acusados o tachados simplemente porque en su aplicación de la Justicia pueden optar por soluciones no deseadas por el poder. La maldita consideración de jueces progresistas o conservadores ya mancha a la Justicia de tal forma que la desvirtúa. La Justicia es un ejercicio de interpretación de la Ley, y da igual lo rigurosa o clara que sea su lectura, ya que un juez puede extraer la conclusión contraria sin despeinarse, en lo que se llama una interpretación laxa, adaptada a los nuevos tiempos, o peor aún una "lectura democrática". La jurisprudencia sobre el derecho a usar el castellano en todo el territorio es solo un ejemplo de la perversión en la interpretación y aplicación del derecho. Decían los romanos que "in claris non fit interpretatio" principio derrumbado por una justicia al servicio del poder, lo que constituye un justicidio.
Hurtar del debate técnico y político a las leyes importantes, ocultar su relevancia en leyes tapadera, la utilización del decreto ley como fórmula legislativa habitual, la inconsistencia de la acción diaria con las declaraciones y programas electorales anunciados con gran pompa y que duran precisamente lo que una pompa de jabón, desvirtúan al otro poder del estado, el Legislativo, cuya misión ya no es legislar ni controlar al Ejecutivo, sino servirle de coartada para sus tropelías.
Todos son culpables de este desaguisado, los que declararon hace cuarenta años que Montesquieu había muerto, lo que básicamente era matar a nuestra Constitución, y los que acusan a la Justicia de estar politizada pero no dudan en echar mano de sus filas para cubrir puestos que no deberían, según ellos, ser políticos, y que solo pactan nombramientos cuando gobiernan y no cuando están en la oposición.
Hasta hace unos pocos años, pensaba que Europa era nuestra principal línea de defensa frente a estas añagazas a las que los españoles somos tan dados, pero el cáncer de la politización de todo para controlar a la sociedad también se ha apoderado de las Instituciones Europeas en las que vemos los mismos males. Ante este panorama no es de extrañar que muchos vean en los populismos autoritarios de uno y otro lado la solución de los problemas: puestos a hacer el mal, mejor que lo hagan los profesionales.
España necesita recuperar la cordura, renovarse conceptualmente, encontrar puntos de encuentro entre los grandes partidos, abandonar el frentismo que nunca llega a ningún sitio bueno, hacer política en favor de todos y no en contra de los que piensan diferente y construir puentes y cimientos sólidos sobre los principios de la seguridad jurídica, el imperio de la ley y la división de poderes. Las alternativas son: el caos, las inevitables guerras a la que conducen los gobiernos sin control, la destrucción nacional, la depresión colectiva y la anarquía.