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Antonio Robles

Impuesto revolucionario y amnistía

A poco que escarbemos en la barbaridad que están a punto de perpetrar estos vividores, nos daremos cabal cuenta de la necesidad de la ética en la política.

A poco que escarbemos en la barbaridad que están a punto de perpetrar estos vividores, nos daremos cabal cuenta de la necesidad de la ética en la política.
Mural de Sánchez y Puigdemont besándose obra del grafitero TVBoy en la plaza de las Glorias en Barcelona. | Europa Press

¿Qué diferencia hay entre un Juez que se pliega al chantaje económico de un capo de la droga para que le deje en libertad, con un presidente en funciones que se deja seducir por siete escaños de un golpista, a cambio de una amnistía imprescindible para lograr ganar unas elecciones que perdió?

Puigdemont no es nada sin Pedro Sánchez, no al revés. Con el 1,6% del electorado no puede ir ni a la esquina, al contrario que Sánchez. Con el 31,6% y varias opciones de pactos, tiene algunas salidas razonables y posibles. Si se empeña en ese 1,6%, a pesar de la ruina democrática que provocará, sólo es porque tiene mono de poder y ningún escrúpulo.

Digámoslo de otra manera, ¿qué diferencia hay entre un juez corrupto necesitado de lujos que se deja comprar por un fajo de dólares del narcotráfico, con un líder político necesitado de siete votos del cártel independentista para asegurar su poder?

Aparentemente no hay ninguna diferencia. Pero la hay. En el caso del narcotraficante que compra su libertad corrompiendo al juez, paga con su patrimonio; mientras que Pedro Sánchez compra su presidencia a costa de vender la soberanía nacional, la igualdad entre españoles y arruina el abrazo sanador del 78. Porque la amnistía convierte a los condenados por el delito de sedición y malversación, en inocentes, y por lo mismo, al Estado de Derecho que los condenó, en opresor. Lo contrario de la amnistía de 1977 donde se amnistiaba a los demócratas que lucharon contra el franquismo, no al franquismo que había accedido al poder por un golpe de Estado e impuesto una dictadura.

Pero hay una diferencia más, el juez corrupto deja en libertad al narco incautado, pero no extiende su inocencia a todas las bandas de narcotraficantes que operan en España, ni eliminan el delito penal contra la salud pública tipificado contra el narcotráfico. Pedro Sánchez, por el contrario, sí elimina el delito de sedición y con la amnistía extingue cualquier otro delito, convirtiendo a los políticos sediciosos y corruptos en inocentes. Cualquier narcotraficante podría seguir siendo perseguido a pesar de aquella decisión corrupta del juez; Puigdemont y los suyos, nunca más, porque el origen y los objetivos de su delito han sido extinguidos. De verdugos a víctimas en su caso, mientras el Estado de Derecho, pasa de víctima a verdugo. Un teatro de operaciones democráticas demolidas, a merced de los sediciosos. ¿Dónde quedaría el discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 en defensa del orden constitucional que pusieron en riesgo quienes ahora serán amnistiados? ¿Qué legitimidad tendría el Jefe del Estado y la monarquía parlamentaria, si la propia amnistía los deslegitima?

Cuando Sócrates prefiere acatar la condena a muerte a incumplir las leyes de su ciudad, deja una huella heroica de coherencia cívica y de respeto al acuerdo entre los hombres. Desde la caída de la democracia ateniense, la política se desembarazó de la ética. Desde entonces, política y ética siguieron caminos separados, o eso parece. Porque, al fin y al cabo, ¿de qué materia, sino de principios y valores están hechas la leyes?

Aristóteles ponía énfasis en la ley porque no confiaba en la subjetividad de los hombres. Y tenía razón, allí dónde hay una ley, hay universalidad. Hasta su interpretación está delimitada por el perímetro que le han asignado los legisladores democráticos. De ahí el valor inmenso que tienen las constituciones en nuestros Estados de Derecho como ley de leyes. Los intereses, las subjetividades, los valores particulares de cada cual se han de sujetar a la ley para reducir a la paz los conflictos de todos.

Pero si bien es cierto que los valores morales subjetivos pueden distorsionar el sentido de la ley objetiva, hemos de presuponer cierta ejemplaridad del gobernante para cumplir y hacer cumplir la ley. Y tal ejemplaridad nos remite a principios y valores que no están en las leyes, pero hemos de presuponerlos para que realicen su función universal. Y es aquí donde vemos, que si bien la ley debe estar a salvo de la subjetividad de los valores, necesitamos a estos para respetar y hacer respetar las leyes.

En la amnistía que nos ocupa, ¿dónde está la ejemplaridad de Pedro Sánchez y sus correligionarios si ponen sus intereses particulares de poder por encima del bien universal que garantiza el Estado de Derecho? ¿Dónde los principios, los valores de lealtad constitucional al país que te ha confiado su cuidado? Incluso, ¿dónde el patriotismo constitucional, ya no sólo nacional, que hemos de presuponer? Por lo que vemos, las virtudes de un gobernante en tiempos confusos, no sólo deben remitirse a vadear la ley, sino a la ejemplaridad en su cumplimiento. Hacer filibusterismo jurídico y político no es propio de hombres de Estado, sino de trileros. ¿Qué es sino aborrecer la amnistía cuando no apretaba la necesidad, y callarse como putas, cuando la ansiedad por el poder aglutina a la manada con las peores intenciones?

Jürgen Habermas nos recuerda en Derecho y moral, que "en las sociedades complejas, el Estado democrático de derecho es el productor de una legalidad que se legitima por una racionalidad procedimental llena de contenido moral". A poco que escarbemos en la barbaridad que están a punto de perpetrar esta generación de vividores de la política, nos daremos cabal cuenta de la necesidad de la ética en la política. Hasta sus correligionarios están escandalizados por el atrevimiento. Lean a Javier Cercas para comprobarlo.

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