En 1957, el Tribunal Supremo de EEUU acabó con la segregación escolar sentenciando el derecho de los niños negros a estudiar en colegios blancos. El gobernador de Arkansas, acuciado por una masa blanca enfurecida, mandó a la Guardia Nacional (Mossos d'Esquadra) a impedir la orden judicial. La respuesta del presidente de EEUU Eisenhower fue fulminante, envió 1.000 soldados de la 101 División Aerotransportada (Tropas Federales) para garantizar la sentencia judicial. El 24 de septiembre de 1957 recogieron en sus domicilios a los 9 escolares negros, rodearon la escuela secundaria de Little Rock, e impuso la sentencia contra la segregación del Tribunal Supremo.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está adobando una amnistía para anular la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los responsables secesionistas de 2017. Una forma inaudita de neutralizar al Poder Judicial, la única garantía de cualquier Estado de Derecho para garantizar que todos, incluido el Gobierno, está bajo el imperio de la ley.
En 1962, cinco años después de los disturbios de Arkansas, un nuevo caso de insumisión a la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, en esta ocasión por parte del gobernador segregacionista Ross Barnett del estado de Mississisipi que se empecinó en declarar constitucional la segregación racial, fue contundentemente enfrentada por el presidente de EEUU, John Fitzgerald Kennedy. Ordenó al cuerpo Marshalls de EEUU tomar el control policial del Estado de Mississipi y reforzarlo con el 503 Batallón de la Policía Militar, la Policía de Fronteras y la Guardia Nacional de Mississipi para hacer cumplir la ley y acabar con los disturbios de estudiantes blancos en la Universidad de Mississipi. Murió un periodista y 75 personas resultaron heridas. Restaurado el orden, daría un discurso épico a toda la nación:
Los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar los mandamientos de nuestros tribunales y de nuestra Constitución entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos.
Ocioso explicar la lucidez democrática de Kennedy. Pero no el recordar a nuestro presidente Pedro Sánchez, que nadie está por encima de la Ley, ni siquiera él o su Gobierno. Ni en nombre de la paz social, ni por temor a una turba enfervorecida por el delirio nacionalista, ni por cualquier otro chantaje político; y mucho menos aún por miserables intereses de poder. Si por la fuerza, la coacción, o la debilidad del propio Gobierno de la nación, lograra el separatismo sus fines, los primeros que serían despojados de sus derechos serían los catalanes que quieren seguir siendo ciudadanos españoles. Y pasarían a ser extranjeros en su país, hecho que no lo son los nacionalistas en España; muy al contrario, disfrutan de las mejores rentas y privilegios, sin que nadie cuestione sus derechos, su estatus, ni su lengua.
Y no sólo, si en esta hora incierta, la desvergüenza y la prevaricación se convierten en normales y cuestionan al Poder Judicial, si ponen a su servicio al Constitucional, si neutralizan al Jefe del Estado haciéndole rehén de su desprecio a las instituciones, es el Estado de Derecho y España entera la que está cavando su ruina. Y si la causa de tal devastación es únicamente compadrear unos votos por el ruin egoísmo de conservar el poder, la obscenidad se hará insoportable.
Por todo eso, el próximo domingo 8 de Octubre a las 12 de la mañana en Barcelona, ningún ciudadano español que aprecie la democracia y la libertad independientemente de ideologías y credos, tiene disculpa alguna para no acudir en defensa de la soberanía de todos: NO EN MI NOMBRE, NI AMNISTÍA NI AUTODETERMINACIÓN. Ya no es Cataluña, es España entera la que está cuestionada como nación democrática de ciudadanos libres e iguales.
Es preciso recordar que la libertad no se compra en los supermercados, se defiende con nuestra honestidad y respeto a la ley en cada uno de nuestros actos, o su inhibición. No sólo en el voto, cada día. Cuando llega el mal, ya es demasiado tarde.
PD: Hace seis años, ese mismo día 8 de Octubre de 2017, cientos de miles de ciudadanos, desbordados por una alegría contagiosa, se arrancaron del alma los colores vivos de la bandera de España para exhibirlos sin complejos a los cuatro vientos. Tantos años proscritos, vivimos un día maravilloso. Fue como salir por unas horas de ese campo/mental de concentración nacionalista sin que nadie nos recordara que éramos extranjeros en nuestro país. Y lo más provechoso, Cataluña, el resto de España y Europa entera se enteraron por primera vez de que existíamos.