Muchos países tienen una frontera que es más una maldición geográfica que una circunstancia vecinal. A aquellas alturas de principios del siglo XX, ya deberíamos haber aprendido que de los franceses no se debe aceptar nada, ni siquiera un regalo. Y por eso nunca debimos cogerles el Protectorado de Marruecos. La estéril guerra que allí libramos sólo sirvió para sembrar España de luto y empeorar nuestras ya muy graves crisis de la primera mitad del siglo XX. Cuando se hizo evidente que Franco se moría, la Marcha Verde nos arrebató el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Luego, el chantaje constante con la emigración subsahariana que intenta entrar a Ceuta y Melilla. Y el tráfico de cannabis, droga de la que Marruecos es uno de los mayores productores del mundo y que pasa casi toda ella por España, camino de Europa.
Marruecos no es un país. Es una finca perteneciente a un señor que se llama Mohamed y que cultiva en ella lo que más dinero dé. No se trata de averiguar si los ingresos que a su país le reporta el tráfico de hachís van directamente a sus arcas porque, de alguna manera siempre van, puesto que Mohamed VI cobra de todas las actividades económicas que se llevan a cabo en su país, incluida, por supuesto, la producción de cannabis.
Sabemos que en el verano de 2022 se produjo un gran asalto de inmigrantes a la valla de Melilla. Naturalmente, el ataque fue consentido, espoleado, permitido y alentado por las autoridades marroquíes para proceder a continuación a su habitual chantaje, tratando de extraer ventajas a cambio de volver a controlar a los inmigrantes. Y eso que apenas hacía unos meses que Pedro Sánchez había dado un giro de ciento ochenta grados aprobando el plan marroquí de anexión del Sáhara en contra de nuestra tradicional política y traicionando las promesas hechas al pueblo saharaui. Aquel verano, ante la enésima exigencia del chantajista, volvió Marlaska del país vecino con el compromiso de que los marroquíes controlarían la inmigración ilegal. Lo que no se nos dijo es lo que nos costó. Sólo sabemos que aquel septiembre se desmanteló la unidad que combatía el tráfico de hachís en el campo de Gibraltar, disminuyendo a continuación drásticamente las incautaciones y las detenciones. Todo esto condujo a la lamentable situación que vive hoy aquella zona de España donde se ha producido el asesinato de dos guardias civiles el sábado pasado, cuando un grupo de ellos tuvo que enfrentarse a los narcotraficantes con medios claramente insuficientes.
¿Por qué este Gobierno, y muy especialmente su presidente y su ministro del Interior, ha de estar permanentemente con los pantalones bajados ante el sátrapa marroquí? ¿Por qué tenemos que soportar que, no conforme con hacer de su patria su finca, quiera el rey alauita agrupar a ella una parte del nuestro, aquella donde sus clientes narcotraficantes campan a sus anchas? Y lo más grave no es que estas preguntas no hallen respuesta, sino que la mayoría de los políticos de los demás partidos no se la formulan al Gobierno. Quizá sea porque ya conocen la respuesta.