En una de sus —incontables ya– mentiras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió que detendría y traería a España a Carlos Puigdemont. Fue el 6 de noviembre de 2019 en plena campaña electoral. Cuando poco después se le preguntó cómo iba a cumplir tal promesa, aludió a su poder sobre la Fiscalía. "¿De quién depende la Fiscalía?", preguntó a un periodista que le respondió: "Del gobierno". Sánchez remató: "Pues ya está".
En el caso de la Fiscalía y a pesar de la prepotencia del "icono", hay leyes que condicionan su actuación y hay instituciones que pueden vigilar sus decisiones. Pero imaginen que la pregunta hubiera sido sobre cualquier Ministerio, pongamos por ejemplo, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este caso, no hay duda de que el ministro depende del presidente del Gobierno. Pues ya está.
Aunque Pedro Sánchez es cuidadoso cuando algo puede salir mal, es evidente para todos los observadores que ningún ministro del gobierno puede hacer algo contra la voluntad del Presidente del Gobierno y mucho menos, en una situación de emergencia nacional como fue la pandemia de Covid-19.
Tuvo cuidado cuando se dictó el Decreto de 14 de marzo de 2020 "a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, de la Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de 2020". Pero no puede negar que estuvo presente cuando se deliberó y se aprobó.
Fíjense si tuvo cuidado que tampoco lo firmó. Hizo que lo firmara la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato y que lo bendijera el Rey.
¿Qué decía aquel Decreto? Pues que ante la gravedad de una pandemia que no apreciaron el 8 de marzo, seis días antes, cuando animaron a ir a la manifestación feminista:
bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:
a) La Ministra de Defensa.
b) El Ministro del Interior.
c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d) El Ministro de Sanidad.Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el Ministro de Sanidad.
Como puede apreciarse, el responsable de todo lo relativo a la compra de material sanitario, mascarillas y respiradores fundamentalmente, era Salvador Illa. Lo confirma él mismo en su libro sobre la pandemia[i], "en mi condición de ministro de Sanidad, el real decreto me daba facultades especiales para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, que derivarían en órdenes e instrucciones plasmadas posteriormente en más de 2.000 páginas de BOE". O sea, la compra de mascarillas, entre otras cosas, era cosa suya y detalla, por ejemplo, la fabricación de tales bienes en Mondragón o Burgos, entre otros.
Pero el día 21 de marzo, el BOE publicó la orden del Ministerio de Transportes en la que Ábalos sentaba que quedaba "habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios, en la esfera específica de su actuación, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, sin necesidad de procedimiento administrativo alguno". Por ello, y para preservar la salud del personal del transporte, era necesario "un procedimiento ágil y eficaz para adquirir las citadas mascarillas a nivel centralizado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana". Dicho y hecho, ocho millones de mascarillas como primer paso.
Nada dice de ello Salvador Illa, qué raro, en su libro, pero es evidente que ante la falta de agilidad y eficacia, Ábalos se arrogó la competencia de la compra centralizada de mascarillas. ¿Pudo hacer esto sin que Pedro Sánchez diera su visto bueno? ¿De quién dependía el ministro Ábalos? Pues ya está. Además, de esta forma se eludía el control de las Comunidades Autónomas del PP y gobierno y PSOE (Ábalos era el número 2, tras Sánchez) controlaban la compra y distribución de millones de mascarillas. Ya vamos viendo por qué y cómo Koldo y sus socios se lucraron en medio del infierno sanitario que acosaba a millones de españoles.
De los detalles, que muchos ya se contaron en el libro de Álvaro Nieto, nos iremos enterando poco a poco hasta que, como en el caso Guerra, en cuyo origen e investigación tuve una intensa participación, la luz se haga. Lo que ya puede decirse es que no hay caso Koldo ni caso Ábalos. Estamos ante el caso Sánchez.
[i] Illa, Salvador, El año de la pandemia. En él dice que, ya desde el 17 de marzo de 2020, se compraron a China 950 respiradores, 5,5 millones de test rápidos, quinientos millones de mascarillas y once millones de guantes que se irían suministrando a lo largo de las siguientes ocho semanas.