Otro año de abandono para millones de catalanes

Los pactos socialistas en Madrid y en Barcelona con los partidos golpistas han consolidado la penosa situación de los ciudadanos no nacionalistas en Cataluña. Sin disimulo alguno, los socialistas han mantenido y en algunos casos recrudecido políticas separatistas como la marginación del idioma español en la educación y la vida pública. Los derechos de los castellanohablantes en Cataluña son vulnerados por principio y el acceso de Salvador Illa a la presidencia de la Generalidad no ha contribuido precisamente a frenar la presión contra esos ciudadanos.

Cabe recordar que el PSC en la "oposición" se alineó con el frente separatista (ERC, Junts, la CUP y una parte no menor de la versión catalana de Sumar) para vulnerar las sentencias sobre el 25% de español en la educación obligatoria y para reformar las leyes autonómicas a fin de "legalizar" el desacato permanente a los tribunales en materia lingüística y competencial. Da igual lo que fallen los jueces. El plan de "construcción nacional" a través de la lengua está más vivo que nunca, como recordaba ayer Òmniun en su mensaje para arrancar 2025.

El presidente de esa entidad, que fue determinante en la asonada de 2017, sostiene que "la lengua es la columna vertebral de la nación". Es el mismo mensaje que el manifestado en varias ocasiones por el nuevo presidente socialista, tanto en lo relativo al catalán como a la supuesta nación. La misión del independentismo de catalanizar a la fuerza a más de dos millones de personas cuenta con el aval del PSC y del PSOE, que no sólo replican sino que comparten los despliegues separatistas en materia identitaria.

La versión de que el "Procés" es historia pasada es un mantra socialista que no se corresponde en absoluto con la realidad. Es cierto que los independentistas ya no gobiernan y que sus organizaciones han perdido capacidad de convocatoria y de alterar el orden público, pero es ahora cuando se están sentando las bases de una nueva acometida contra el Estado. Y los socialistas son algo más que cómplices en esta nueva forma de proceso.

Los ciudadanos que se plantaron en Cataluña frente al golpe de Estado siguen abandonados a su suerte, despreciados por las instituciones, silenciados por la mayoría de los medios catalanes y huérfanos de partidos que defiendan sus intereses. Cataluña ha pasado a un segundo plano mientras los socialistas destinan cientos de millones de euros a satisfacer las exigencias separatistas que sostienen a Sánchez y a Illa. Las organizaciones separatistas se refuerzan al tiempo que operaciones como los indultos y la amnistía o los pactos de investidura han legitimado el golpe de 2017.

En ese contexto, que el PP pretenda llegar a la Moncloa con el concurso de Puigdemont es un agravio añadido contra los ciudadanos catalanes opuestos a la ruptura de España. La prioridad de Alberto Núñez Feijóo debería ser la defensa de la igualdad entre los españoles y de sus derechos, no obtener la aprobación condescendiente de las élites que avalaron y financiaron los años de proceso separatista. Millones de catalanes ven pisoteados sus derechos civiles sin que ningún partido se tome en serio la anormalidad antidemocrática de Cataluña, una región devastada social y económicamente tras décadas de pujolismo en sus más variadas versiones, de la corrupción sistemática al delirio nacionalista.

Todo apunta a que nada va a cambiar en Cataluña en este recién estrenado año. Si acaso irá a peor, con más concesiones a los separatistas para que la próxima vez no fallen. La entrega a la Generalidad por parte del Estado de la seguridad en infraestructuras como puertos o aeropuertos o de las competencias en inmigración son los últimos ejemplos de la crítica situación que se vive en la región y que más pronto que tarde cristalizará en un "Procés" corregido y aumentado. Y sin que los independentistas tengan que ocultarlo.