La democracia depende de trece personas y no te habías enterado

La llegada de Donald Trump al poder ha provocado que durante las últimas semanas hayamos perdido el foco sobre los asuntos nacionales, pero como dice el refrán: "el diablo nunca duerme".

En los últimos meses, el sanchismo ha intentado desesperadamente colocar a Ana Ferrer, magistrada del Tribunal Supremo, como presidenta de la Sala de lo Penal.

Si esta señora llegara a dirigir dicha institución sería un absoluto desastre para la separación de poderes, ya que permitiría incrementar enormemente la impunidad con la que actúan el Gobierno y sus socios.

¿Quién es Ana Ferrer?

En el análisis de su trayectoria, podemos observar que ha sido siempre un perfil absolutamente vinculado a los intereses del PSOE y en cada toma de decisiones se ha alineado totalmente con lo que le exigía dicho partido.

Sin ir más lejos, en 2022 fue una de las dos magistradas que emitió un voto particular manifestando su oposición a la condena a seis años por el caso de los ERE a la que fue sometido José Antonio Griñán, lo cual sirvió al Gobierno de excusa para concederle el indulto parcial, evitándole así la pena de prisión.

En sintonía con lo anterior, en 2024 emitió un voto discrepante en la decisión del Supremo de negarle la amnistía a Carles Puigdemont, argumentando "que la ley de amnistía tenía como objetivo perdonar la aplicación indebida de fondos públicos y que no debían hacerse interpretaciones restrictivas que impidieran su aplicación", auténtica música sanchista para nuestros oídos.

Pero el colmo llegó cuando, en la presentación de su candidatura, desglosó ante sus boquiabiertos compañeros un programa prácticamente idéntico al que presentó en su día Cándido Conde-Pumpido, el sanchista más redomado, quien ha degradado al Tribunal Constitucional tanto que lo ha convertido en un tribunal de casación.

¿Qué podría hacer si consigue su objetivo?

Las consecuencias de que un perfil así adquiriera tanto poder serían funestas para la democracia española.

Al dirigir la Sala de lo Penal del Supremo, tendría una influencia directa en la elección de los magistrados concretos que juzgan un determinado caso, de modo que podría poner a los jueces más afines al Gobierno en aquellos asuntos que sean especialmente sensibles.

Asimismo, como presidenta, dirigiría el pleno de la Sala, que se convoca en casos de gran trascendencia. Su voto, aunque no fuera decisivo por sí solo, tendría un gran peso simbólico y práctico en las deliberaciones.

Viendo lo que ha hecho Pumpido y el resto de operadores sanchistas en el TC, llevando a cabo acciones que incluso pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación, no me quiero ni imaginar lo que sería tener a un Supremo y a un Constitucional alineados para permitir que el Gobierno nade en un océano de impunidad.

Hasta ahora, la amenaza de una imputación por prevaricación está conteniendo a Pumpido de realizar barbaridades como intervenir para indultar de facto al Fiscal General del Estado antes incluso de que haya sentencia, pero con un Supremo afín no me cabe la menor duda de que lo haría sin mostrar el menor reparo.

El Supremo está actuando como un enorme dique de contención de la avasalladora corriente sanchista que pretende llevarse por delante todas las instituciones democráticas, y Ana Ferrer es un misil especialmente diseñado para echarlo abajo.

¿Es factible que consigan su objetivo?

Afortunadamente, la ley exige que para que Ana Ferrer sea elegida debe reunir una mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial, por lo que es necesario que consiga el voto de al menos 13 de 21 vocales.

Por el momento, el bloque conservador, compuesto por diez vocales, se ha mantenido inflexible y no ha cedido a la presión, pero esto nos condena a tener otra vez a toda la Justicia bloqueada.

El sector progresista del CGPJ —o mejor dicho, el sector sanchista— no está dispuesto a ceder esta vez porque ya le salió fatal el caso de la elección de la presidenta de dicha institución.

Me refiero a la elección de María Isabel Perelló Doménech, a la cual decidieron aceptar como Presidenta del CGPJ pensando que les colaban un gol a los conservadores al elegir a una señora progresista y catalana.

Sin embargo, el tiro les salió por la culata al resultar que esta señora tenía principios y que era imperturbable ante las órdenes de Moncloa.

Por eso ahora sólo están dispuestos a elegir a un sanchista de pura cepa, un ibérico cinco jotas monclovita, y esa no es otra que nuestra querida Ana Ferrer.

El drama es que la Justicia seguirá bloqueada al paralizarse la renovación de centenares de cargos que deben de ser renovados, pero vistas las ansias insaciables de Pedro Sánchez de demoler cualquier institución que pueda actuar como contrapoder, es lo mejor que nos podría pasar.

Lo verdaderamente relevante es que es la decisión de trece individuos lo único que nos está protegiendo de convertirnos en una auténtica dictadura en la que los tres poderes del Estado estén controlados por una única persona.

Son el último hilo que sostiene el telón de nuestra democracia, y si cede, el escenario quedará completamente a oscuras, con Sánchez como único actor en una obra francamente anodina sin espectadores ni crítica posible.