Era un pueblo con mar…

Anda revuelta la población de Sitges, en la comarca del Garraf, 38 km al sur de Barcelona, por la decisión del ministerio para la Transición Ecológica de echar abajo el Club de Mar de la localidad. El Club de Mar de Sitges. Es un club privado muy bonito en primera línea de playa fundado en 1952 que, según el ministerio, vulnera la ley de Costas y lleva años ocupando terrenos de dominio público sin licencia. Si nada lo evita, su demolición está prevista para el próximo día 2 de junio.

Se ha liado parda no sólo por parte del Club, que ha presentado numerosos recursos, sino en las tripas del Ayuntamiento. La actual alcaldesa, Aurora Carbonell, es de ERC. No ganó las elecciones —las ganó Junts— pero Carbonell se las arregló para formar gobierno, aislando a los de Puigdemont. Los dos partidos que lideraron la Cataluña del procés viven horas bajas apenas disimuladas por la ajustada aritmética parlamentaria en el Parlamento catalán y en el Congreso español. Pero es en los pueblos, en el territorio, donde la criatura llora y teme perder el chupete en las elecciones municipales de 2027, sobre todo si se confirma el ascenso de la Aliança Catalana de Sílvia Orriols. Aunque Sitges no parece el terreno más abonado para los de Orriols, con su refinada herencia modernista, su carrer del Pecat y ciertas connotaciones de Riviera azul a la catalana. No es barato tener casa en Sitges. ¿Son pijos todos los que viven ahí? No si depende de su alcaldesa, espectacularmente detenida en 2023 bajo la acusación de dar subvenciones ilícitas bajo cuerda a amiguetes del Tercer Sector.

Junts mojó pan en este caso, que parecía romper el mantra de que en ERC no había casos de corrupción. Un mantra que hace tiempo que no se sostiene. La porquería que asoma ahora con todo el tema de la DGAIA no deja en buen lugar a nadie. Peor aún, hace aflorar un tipo corrupto especialmente siniestro, aquel en el que se impone una ideología muy ampulosa, muy agresivamente progre, pero luego pegas una patada y todo son intereses creados. Como cuando Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona prometiendo casas gratis para todo el mundo. Al final sólo eran casas gratis para los okupas y para las archisubvencionadas entidades "sociales" afines a los Comuns. Para todos los demás, alquileres a precios de Manhattan.

Volviendo a Sitges, para desconsuelo de Junts, el caso contra la alcaldesa republicana de allí se les desinfló rápido. Más por falta de pruebas de dolo que por otra cosa, pero se les desinfló. Ahora, los juntaires vuelven a la carga arremetiendo contra el gobierno municipal por no movilizarse en tiempo y forma para salvar el Club de Mar. Que es verdad que vulnera la ley de Costas. Pero hay quien piensa que no les falta razón cuando aducen que esa ley puede quedarse a veces obsoleta y más en casos singulares como este, cuando afecta a una entidad con tanta historia y tanto arraigo, "donde muchos vecinos de Sitges aprendieron a nadar".

Esa es una manera de verlo. Otra es la que ve en el Club de Mar un espacio de "élites", lo cual podría explicar que una alcaldesa de ERC en inmejorables términos con eso que llaman el Tercer Sector no haya puesto particular empeño en salvarlo. Otros municipios se han movilizado y han conseguido frenar cosas así. ¿Por qué el de Sitges no, de momento? ¿Por prejuicio ideológico contra este tipo de entidades? ¿Por intereses creados porque si el Club cae, se abren golosas expectativas a la especulación, y siempre hay gente bien conectada que gana con eso? ¿Por todo un poco?

Veremos cómo acaba este tema aparentemente muy local, muy menor, pero también muy emblemático de la sofocante tenaza de bloqueos políticos que deja muy mal sabor de boca al ciudadano, que ahora mismo está a punto de volver a pagar una montaña de impuestos, y que día sí, día también, ve la Administración más como enemiga que como amiga. Luego se extrañarán de que el populismo campe a sus anchas.

Se da además la circunstancia de que esto coincide con el anuncio del gobierno de Salvador Illa de recuperar la Ley de Barrios de 2004, inspirada por Pasqual Maragall y continuada por José Montilla. Era la típica maragallada inspirada: la Generalitat derramaba su cuerno generoso sobre el mundo municipal para apadrinar y cofinanciar iniciativas de rehabilitación de espacios públicos degradados, corregir desigualdades urbanas y sociales, etc. El PSC, con su característica inteligencia, siempre que pisa la Generalitat aprovecha para lanzar guiños al poder local donde están sus cuarteles de invierno. Y de verano.

El caso es que, 20 años después, aquella maragallada adquiere un nuevo significado con la ya mencionada crisis de la vivienda, que es también una crisis ideológica: el credo de la izquierda okupacaviar ha fracasado estrepitosamente y la Administración no sólo no es capaz de proveer techos, sino que en la práctica complica que la iniciativa privada los provea, o que la gente acceda a los que ya existen. En ese sentido, exhumar la Ley de Barrios puede ser un paso en la buena dirección, si con eso se entiende que la Administración toma conciencia de su verdadero papel en estos temas, que es repartir balones, no pincharlos. Si no saben hacer más casas, que hagan más territorio.

Una verdadera y ambiciosa política social no debería tener topes ideológicos ni por arriba, ni por abajo. Salvar el Club de Mar de Sitges puede ser tan importante como salvar un barrio degradado. No se trata de si los ricos también lloran, sino de cohesión vecinal y social. De movilizarse sin complejos por todo lo que es bueno para un municipio. También en los pueblos con mar y clases medias.