Sánchez ofrece a sus socios separatistas la ruina del resto de España

El Gobierno de España y el de la Generalidad acordaron ayer la modificación unilateral del sistema de financiación autonómico, para que el Ejecutivo catalán recaude y gestione todos los impuestos estatales generados en Cataluña, incluido el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas, principal sostén de las arcas nacionales. El acuerdo se adoptó en el seno de la comisión bilateral del Gobierno y la Generalidad de Cataluña, en cumplimiento del pacto de investidura entre el PSC y ERC para hacer presidente del Ejecutivo catalán a Salvador Illa.

La decisión de Sánchez es de una gravedad que supera con creces todas sus traiciones anteriores, puesto que supone desguazar el sistema de financiación autonómico, que garantiza la solidaridad inteterritorial, y poner fin la igualdad de todos los españoles, dos de los principios fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna.

Sánchez ha dado un paso definitivo que, de consumarse, llevará irremediablemente a la ruina el resto de España, obligada a financiar a Cataluña como región privilegiada por un sistema injusto que, a diferencia de las haciendas forales, ni siquiera tiene soporte constitucional. Porque la cesión de los impuestos estatales generados en una región no es una cuestión meramente técnica o de reparto de competencias. En el caso del IRPF, estamos ante el impuesto que vertebra la política económica por su carácter igualitario, cuya recaudación sirve para financiar los servicios públicos en todo el territorio nacional al margen de la riqueza de las distintas regiones. Ceder lo recaudado a una comunidad rica como Cataluña implica, necesariamente, que no habrá recursos suficientes para garantizar los servicios del Estado en otros territorios, cuyos habitantes pasarán a ser ciudadanos de segunda de manera irremediable y definitiva. El establecimiento de una especie de cupo para que Cataluña compense los servicios que recibe del Estado es una quimera porque, como ocurre con el modelo Vasco, ese tipo de aportaciones se establece de manera tramposa en detrimento del resto de España. Pero es que, además, el acuerdo firmado ayer establece que Cataluña recibirá aún más fondos del resto de España por otros conceptos para garantizar la ordinalidad pactada por Sánchez con sus socios de investidura, todo un atraco institucional que los enviados de Sánchez acordaron con Salvador Illa en nombre de todos los españoles.

Más aún. En el colmo de la hipocresía, el Gobierno de España sancionará en nombre de Cataluña a las regiones que decidan bajar los tramos autonómicos de los impuestos estatales, una imposición de los socios de Sánchez dirigida, principalmente, contra la Comunidad de Madrid, el principal ejemplo de moderación fiscal entre las comunidades del Partido Popular.

Así pues, Cataluña recaudará todos sus impuestos, recibirá fondos adicionales por parte del Estado y prohibirá a los ciudadanos de otras regiones beneficiarse de rebajas fiscales o exenciones como las de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Y todo ello en un solo documento infame, que debería indignar a los socialistas de las regiones castigadas y llamar a la rebelión a sus representantes en el Congreso, convertidos en peleles traidores para que Sánchez siga disftutando unos meses más del poder.