Secreto profesional

No hay ni un solo ámbito de la realidad, de la verdad, que no se atreva a profanar esta extrema izquierda española, que hoy por hoy es todo lo que queda de la izquierda en España. El dato se ha convertido en un arcano casi inexpugnable ante la tela de arañas de trolas macabeas que tejen con impenitencia cada día. Y hasta lo más incuestionable aparece ahora envuelto en un mar de dudas: las promesas no son promesas, los incumplimientos se convierten en cambios de opinión, los hechos incluso grabados en vídeo o escuchados en audio son puestos en cuestión e incluso las cocineras son médicos con bata.

Y luego está la ley. La ley y la Constitución, en la que lo mismo que antes se contemplaba como inconstitucional ahora es perfectamente legal. Y así con todo. Ya digo: no hay nada que no escape a tu intrepidez a la hora de torcer, tergiversar y trocarlo todo.

Los que hemos pasado por la vieja Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, aquella que se convirtió en escenario para le película Tesis, o por cualquier otra, aprendimos en su día en qué consiste el secreto profesional de los periodistas.

La figura, ese derecho, no guarda espacio para las dudas o las interpretaciones. Es un derecho, no una obligación, es un instrumento para proteger el ejercicio del periodismo y, con él, las fuentes. Y lo que no es, nunca, jamás, no podría ser bajo ningún concepto un instrumento para la obstrucción a la Justicia.

El periodista puede preservar sus fuentes, si estima que, de esta manera, protege su integridad, el ejercicio de la libertad de prensa y, sobre todo, la verdad. Pero ni al que asó la manteca se le ocurriría que puede usarse para impedir al juez llegar al fondo de la cuestión jurídica y, mucho menos, para convertir al periodista en togado, en una especie de semi-Dios que dictamine lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es delito y lo que no, quién es culpable y quién inocente.

La comparecencia de pseudo–periodistas ante el juez que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, 'Alvarone' García Ortiz (que no contra la pareja y el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como desinformó 'Trola Visión Española – TV), no es más que un nuevo insulto a la profesión periodística, al ya avanzadamente maltrecho prestigio de nuestro oficio.

El tipejo de La Sexta y el de El Diario de Ignacio pre-Escolar afirmando que no recibieron el correo filtrado por el fiscal general porque ya antes se lo había filtrado otra fuente, pero que no puede revelarla por secreto profesional no sólo es una tergiversación y prostitución del secreto profesional, sino que es y debe ser juzgado como un presunto delito de falso testimonio y otro, también presunto, de obstrucción a la Justicia; entre otras cosas porque los dos protagonistas trabajan para medios de comunicación que sobreviven principalmente de las campañas publicitarias que reciben del Gobierno de España, que es, como bien dijo su presidente, Pedro I El Falso – Pedro Chapote, "de quien depende" la fiscalía… "pues eso".

Como antes señalaba, el secreto profesional del periodista no es una obligación sino un derecho, que jamás debe ser utilizado para impedir que la Justicia llegue hasta la verdad en un proceso judicial.

Pero en esto, como en todo, el uso fraudulento e intolerable de los dineros públicos por este gobierno social – comunista, en este caso para 'regar' y 'abonar' a medios de comunicación cuyos periodistas terminan por proteger los presuntos delitos del fiscal general y de otros medios de gobierno a base de hechos que no pueden demostrar, básicamente porque son mentira, ante lo cual se amparan en el secreto profesional.

Para estos mercenarios del periodismo, el secreto profesional es el instrumento que les permite erigirse como los dueños de la realidad, de la verdad, sin necesidad de demostrarla.

Es un efecto más del gran error de la ciudadanía de haber colocado al frente del cotarro a un tipo sin ningún tipo de moral, ni ética, ni sentido del deber ni de la realidad.