Colabora
Emilio Campmany

La legitimidad del Gobierno

Nadie discute que el Gobierno de Sánchez sea legal. Porque, de hecho, todas sus inmoralidades se han perpetrado con respeto a la legalidad, forzándola, pero sin violarla.

En el discurso del Gobierno contra el Tribunal Supremo se acusa a los jueces de querer derribarlo por considerarlo ilegítimo. Es falso. El presidente del tribunal que juzgó al fiscal general, también ponente de la sentencia que le ha condenado, rechazó de plano la exposición motivada con la que el juez Peinado pretendió imputar a Félix Bolaños por falso testimonio. Entonces, ningún ministro o periodista de cámara protestó la decisión del magistrado. Quizá creyeron que, como le ahorró a Bolaños la imputación, también le evitaría a García Ortiz la condena. Luego, llegó la desilusión cuando vieron que el juez hizo lo que hacen los jueces: aplicar la ley.

Ahora bien, que los jueces del Supremo, y de otros tribunales, dejen fuera de sus consideraciones la legitimidad que tenga o no este Gobierno no quiere decir que el de Sánchez sea necesariamente legítimo. Es tanta la ignorancia de quienes hoy dominan el socialismo patrio que es posible que confundan legitimidad con legalidad. No se alcanza a imaginar hasta dónde podría llegar su aturdimiento si se plantearan la cuestión en términos de auctoritas versus potestas.

Nadie discute que el Gobierno de Sánchez sea legal. Porque, de hecho, todas sus inmoralidades se han perpetrado con respeto a la legalidad, forzándola, pero sin violarla. Aprobar una ley de amnistía, que el presidente sabe que es inconstitucional, a cambio de que los criminales amnistiados lo sostengan en el Gobierno y elegir para el Tribunal Constitucional a personas dispuestas a sancionar esa inconstitucional ley es legal. Es precisamente eso lo que le permitió a Sánchez conservar la potestas. Pero es groseramente ilegítimo, que es lo que le privó de la auctoritas.

El problema de los socialistas es que, según con quién, lo que en principio es un problema de ilegitimidad puede hacer tránsito a otro de ilegalidad. Porque los hay que participan de las indecencias, no con el fin de disfrutar del poder en sí mismo, sino para cometer ocultas ilegalidades con impunidad. ¿Por qué si no se prestó Santos Cerdán a la ignominia de humillarse él, a su partido y al presidente del Gobierno en cuyo nombre negoció la amnistía con un delincuente huido de la justicia? Ahora lo sabemos. No fue para servir al socialismo, sino para poder seguir robando y enriqueciéndose. Eso no quiere decir que todos los que acompañan a Sánchez en sus obscenas acciones, como Pumpido o el mismo García Ortiz o el conjunto del Consejo de Ministros, lo hacen para beneficiarse ilegalmente. Cabe, y quizá así ocurra con la mayoría, que lo hagan por pura ideología. Y que por ella no les importe ser tan laxos con las exigencias morales que impone su condición de servidores públicos. O quizá se trate tan solo de seguir disfrutando de los oropeles, los ágapes, los aduladores, el coche oficial y demás adornos. Pero es seguro que el caso de Santos Cerdán no es el único, ni el más notable. Los habrá que como el navarro santifiquen tanta indecencia para lucrarse del modo que sea. Otra cosa es que nos enteremos.

Por eso, resulta estomagante el sermón de Óscar López cuando dice que no se chupa el dedo, que puede que sea verdad que no se lo chupe, aunque a veces lo parezca. Pero, que no se equivoque, nosotros, tampoco.

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