Mientras redacto estas palabras, la UCO se encuentra registrando los ministerios de Hacienda, Transición Ecológica y la sede de Correos. La corrupción de este gobierno es tan galopante que resulta casi imposible escribir sobre ella, pues al minuto que acabas un texto este se queda obsoleto anulado por una nueva y vergonzante información.
Por el contrario, los hechos que no son caducos son la cantidad de veces que nuestra flamante vicepresidenta primera ha puesto la mano en el fuego por un cercano colaborador suyo, el número de ocasiones en las que se las ha quemado y todas las que están por venir.
Sin ir más lejos, este 10 de diciembre fue detenido Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y antigua mano derecha de María Jesús Montero. El susodicho había sido su hombre fuerte en Andalucía y luego había desembarcado con ella en uno de los puestos de mayor responsabilidad en el Estado, ya que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales controla a empresas de titularidad estatal tales como Navantia, Correos o RTVE.
Fernández apenas duró año y medio en el cargo y se vio obligado a dimitir ante su imputación por el caso de la mina de Aznalcóllar. Lo curioso es que Montero afirmó que confiaba en su inocencia y, de hecho, fue absuelto de dicho procedimiento días antes de su detención por su presunta gestión irregular en el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Más clamoroso fue lo ocurrido por Santos Cerdán. La titular de la cartera de Hacienda afirmó en noviembre de 2024 que ponía la mano por él respondiendo a las acusaciones que había vertido Víctor de Aldama, al que calificó de "delincuente confeso". Tanto es así que horas antes de conocerse el célebre informe de la UCO que propició su caída Montero trasladó "toda su confianza" en el ya exsecretario de organización del PSOE.
Pero la confianza ciega en sus lugartenientes no se queda ahí, sino que el 17 de junio de este año la vicepresidenta defendía en el Senado que la dimisión de José Antonio Marco Sanjuán en su puesto como presidente del Tribunal Económico-Administrativo (TEAC) se producía únicamente por "motivos personales", rechazando de plano las acusaciones de que su salida se debía a que presuntamente le habría exigido pagos de hasta 100.000€ a varias empresas a cambio de no imponerles sanciones económicas. El hecho relevante es que existen al menos tres denuncias presentadas contra él ante la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha incoado diligencias para investigarlas que previsiblemente desembocarán en una imputación.
Únicamente le sobrevive en la arena política Carlos Moreno, su jefe de gabinete, quien fue acusado por Aldama de recibir 25.000€ en efectivo a cambio de interceder para conseguir un aplazamiento de una deuda que mantenía con Hacienda una de sus empresas. Montero también afirmó literalmente "que ponía la mano en el fuego por él", pero la realidad es que las grabaciones de Koldo evidencian que participó en gestiones que son objeto de investigación. Me atrevo a aventurar que en los meses venideros Moreno también acabará imputado y añadirá nuevas ampollas a las ya castigadas manos de la vicepresidenta.
Esta sucesión de escuderos caídos a los que Montero fue defendiendo hasta el último momento recuerda demasiado al calvario judicial por el que atraviesa su jefe, el número uno: Ábalos, Cerdán, Koldo, Salazar… todos hombres de su máxima confianza que han abusado del poder público sin el menor recato. Una cadena de errores que no sólo revela una alarmante falta de criterio a la hora de elegir colaboradores, sino que inhabilita moralmente a quien ejerce las más altas responsabilidades del Ejecutivo. Conviene recordar que nuestros cargos públicos no sólo responden por lo que hacen, sino que son acreedores de la responsabilidad in vigilando, la cual les obliga a controlar la actuación de sus subordinados.
Después de tantas manos en el fuego, ya no quedan excusas posibles. Las quemaduras reiteradas no son fruto del azar, sino de una forma de ejercer el poder basada en la lealtad ciega y en la ausencia de control. Llegados a este punto, sólo caben tres explicaciones, todas enormemente graves: o fueron incapaces de vigilar lo que ocurría a su alrededor, o supieron lo que estaba pasando y miraron hacia otro lado, o participaron en ello. En cualquier caso, lo que arde ya no son sólo las manos de la vicepresidenta, sino la credibilidad misma de este gobierno.