¿Escudo social o propaganda electoral?

El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado durante esta semana toda una batería de medidas con las que insiste que se sostiene su cacareado escudo social.

Dentro de las mismas, se incluyen la revalorización de las pensiones, la prohibición de los desahucios o las ayudas al transporte.

Pasando por alto la infamia que supone el que fueran anunciadas por Otegui, voy a analizar si buscan realmente proteger a los españoles o sólo pretenden defenderse a sí mismos.

Un sistema que castiga al que aporta

En consonancia con la subida del IPC, el Gobierno revalorizará las pensiones contributivas un 2,7%. Huelga decir que indexar las pensiones a la subida del coste de la vida es una medida populista e insostenible, pues el sistema ya está al límite y consume unos recursos que no tenemos.

Sin ir más lejos, en este 2025 se espera que las transferencias del Estado a la Seguridad Social superen los 50.000 millones de euros, a pesar de lo cual esta cerrará con un déficit de más de 12.000 millones.

Pero más allá de esto, conviene detenerse en el hecho de que se ha anunciado que las pensiones mínimas se revalorizarán un 7% y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo harán en un 11,4%, con lo que se está premiando a los que no aportaron al sistema y a los que viven de este sin trabajar. ¿Qué incentivos tienen los parados de larga duración para buscar un empleo si las distancias entre las ayudas sociales y los salarios son cada vez menores?

Porque a eso le sumas la subida de las cotizaciones sociales con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la no deflactación del IRPF con la inflación –que ha provocado que el tipo medio efectivo pase de un 12% en 2019 a más de un 15% en la actualidad–, y el resultado final es un sistema trucado que ofrece cada vez menos al que se esfuerza, aporta y contribuye.

Todas estas medidas conllevarán un incremento del gasto de más de 7.800 millones de euros. Para aportar contexto en la magnitud de esta cifra, he de puntualizar que en el Plan Especial de Vivienda aprobado por el Gobierno apenas se prevé gastar 1.400 millones en 2026, cinco veces menos. Es decir, a pesar de que los jóvenes ya soportan la mayor presión fiscal de la historia a la par que padecen tener que dedicar a la vivienda más recursos que nunca, nuestros gobernantes siguen priorizando en su esfuerzo inversor al único grupo poblacional que no ha perdido poder adquisitivo por mero interés electoral.

La prohibición de los desahucios, ¿una privatización de las políticas sociales?

Del mismo modo, conviene que nos detengamos en la prórroga de la prohibición a los desahucios a las familias "vulnerables" aprobada un año más. Esta medida, que pudo tener sentido en sus orígenes con la crisis originada con el COVID, se ha convertido en uno de los mayores frenos al mercado del alquiler.

Lo cierto es que, bajo el paraguas de la vulnerabilidad, la legislación permite suspender desahucios a hogares con ingresos cercanos –o incluso superiores– a los 1.800 euros mensuales, muy lejos de lo que históricamente se entendía como exclusión severa.

Lo que está causando esta iniciativa es que en la práctica el Estado esté escurriendo el bulto y le esté trasladando a los particulares el problema de la vivienda. A la par que destina una inversión mínima a incentivar la creación de nuevas casas –cerraremos 2025 con menos de 100.000 hogares construidos–, y tienen las fronteras abiertas haciendo que se incremente la población de una forma exacerbada –este año se espera una subida de más de medio millón de habitantes–, cargan a los pequeños propietarios con el peso de sostener a las familias que pasan por dificultades, lo que es cometido de los servicios sociales.

El resultado es perverso. Por un lado, miles de pequeños propietarios quedan atrapados durante años con inquiokupas a los que no pueden desalojar, asumiendo en solitario un coste que debería de corresponder al Estado. Por otro, esa misma inseguridad jurídica expulsa vivienda del mercado del alquiler y encarece los precios, haciendo todavía más difícil el acceso a quienes se dice proteger. No es un escudo social, sino la privatización forzosa del Estado del bienestar.

Las ayudas al transporte: una trampa que saturará aún más a la red

El tercer eje del paquete de medidas se centra en el transporte público, con la implantación de un abono nacional de 60 euros mensuales y la prórroga de las subvenciones a los abonos locales y autonómicos, presentadas como un alivio directo para los ciudadanos. El coste presupuestario de estas no es menor: 1.371 millones a lo largo de 2026, según cifras oficiales del propio Ejecutivo. Una vez más, se destina una cantidad de recursos muy relevante a incentivar la demanda, sin abordar el problema de fondo.

Porque el principal déficit del transporte público en España no es la falta de usuarios, sino la incapacidad de la red para absorberlos. Veámoslo con los ejemplos de lo que ocurre con el cercanías en las dos ciudades más pobladas de España.

En Madrid, Renfe Cercanías registró más de 1.200 incidencias relevantes en 2023 y cerró 2024 con miles de retrasos superiores a diez minutos derivados de averías, falta de material y problemas de señalización. En Barcelona, en 2024 se registraron 318 incidencias operativas en la red, lo que supone un incremento del 146% respecto del año anterior.

Pese a este diagnóstico ampliamente conocido, el Gobierno opta de nuevo por la solución más vistosa y electoralmente rentable: abaratar el acceso sin reforzar la oferta. Ni una mejora sustancial del mantenimiento, ni un aumento suficiente de las frecuencias, ni una modernización efectiva de la red. Sólo más usuarios empujados hacia un sistema ya desbordado, lo que inevitablemente se traducirá en más incidencias, más retrasos y peor calidad del servicio.

Como ocurre con las pensiones y la vivienda, el patrón se repite: mucho gasto, poca reforma y ningún planteamiento estructural a largo plazo. El transporte público no se mejora sólo con abonos, sino con inversión sostenida, planificación estratégica y gestión eficiente. Todo lo demás es demagogia partidaria que el usuario acabará sufragando igualmente vía impuestos, pero con un servicio aún más degradado.

El contenido del decreto que se aprobará en breve no es más que un conjunto de medidas inconexas, costosas y electoralistas que eluden los problemas de fondo. Pensiones sin sostenibilidad, vivienda sin construcción y transporte sin infraestructuras, ese es el verdadero balance del llamado escudo social. No es protección social, sino mera propaganda electoral financiada con una hipoteca que asumirán las próximas generaciones.