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Anna Grau

Fatiga administrativa y asco político

La perversión del contrato social empieza a ser tan grande que amenaza con dinamitar toda paciencia y toda solidaridad humana.

EFE

Si a la Administración se la pudiera despedir, ¿usted la despediría? Esos políticos que tan amargamente se quejan del ascenso meteórico del populismo y de los extremismos podrían darle una pensada a qué grado de satisfacción puede sentir el ciudadano con el servicio que recibe de sus electos y gobernantes.

¿A usted le ha explicado al final alguien por qué se produjo el Gran Apagón? ¿O quién, cómo y por qué provocó la crisis porcina en Cataluña? ¿Cree que le van a explicar bien y que le van a rendir cuentas del actual desastre ferroviario? ¿O de las listas de espera de la Sanidad?

Luego está el día a día, la letra pequeña. Quien esto firma fue una vez a empadronarse en Madrid, en un piso de su propiedad. Quien esto firma, es decir, yo, fui con la escritura del piso, hice cola, aguardé pacientemente mi turno y me dijeron que volviera otro día... con facturas de suministros que acreditaran que, aparte de ser la propietaria, ocupaba la vivienda. Quedé disgustada y perpleja: ya había perdido una mañana, ¿y me harían perder otra? La funcionaria se mantuvo inconmovible. Que eran las reglas y tal y tal.

De nada sirvió intentar razonar. Plantear que su exigencia me parecería lógica sólo si mi solicitud de empadronamiento colisionara con la de otra persona que pretendiera ser mi inquilino. No siendo así, ¿no habría sido más lógico darme un voto de confianza y dar curso inmediato a mi petición? Nanay. Tuve que pasar por el aro, como todo hijo de vecino -menos los okupas…-, y tuve además que morderme la lengua para no decirle lo que pensaba: que sobre todo en los actuales tiempos extradigitales, es más absurdo que nunca que la Administración, que cobra de los ciudadanos, nos cargue con todo el trabajo administrativo. ¿Por qué no comprueban ellos, por qué no se pasan los papeles y los certificados de una ventanilla a otra? ¿Por qué no cruzan datos en su horario laboral, y nos lo hacen cruzar a nosotros en el nuestro? Les bastaría con llamar al ministerio de Hacienda, el único que al parecer trabaja a destajo para saberlo todo de todo el mundo. Pues no.

El Gran Hermano lo es sólo para aquello que le interesa. Para todo lo demás, aplica la ley del mínimo esfuerzo. Lo cual también ayuda a hacer proliferar un inframundo de gestorías, asesorías, etc, especializadas en hacer de correa de transmisión entre la ciudadanía exhausta y la soñolienta Administración. Me dicen que para que un extranjero consiga cita para, pongamos, convalidar su permiso de conducir en España, o pague por un servicio privado que le desbloquee el papeleo, o no lo logrará jamás. ¿Es esto dejadez... o corrupción legal?

No me quiero ni imaginar el agosto que harán algunos con la megaregularización de inmigrantes ilegales que se nos echa encima. El sistema favorece al irregular castigando al regular, el que sube la persiana y paga impuestos, muchos impuestos, para que no le den ni la hora.

Dinero para menores tutelados que pasa por entidades privadas intermedias que se lo llevan muerto, como el escándalo de la DGAIA catalana que nos ha costado la friolera de 5 millones de euros. Subvenciones para mujeres maltratadas que acaban en manos de chiringuitos del feminismocash (expresión que le copio encantada y fascinada a mi amiga la abogada Núria González). Propietarios expropiados para sufragar el "escudo social" del gobierno. Irene Montero presumiendo de que los futuros inmigrantes regularizados serán su granero de voto frente a la "ultraderecha". La perversión del contrato social empieza a ser tan grande que amenaza con dinamitar toda paciencia y toda solidaridad humana. Con enfrentar a unos colectivos con otros, perdiendo de vista al enemigo común: los enemigos de la libertad, del progreso y de la convivencia. Y por supuesto de todo asomo de eficacia en la gestión. De nuestro dinero.

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